Hay algo que me llama la atención cada vez que salta un caso de corrupción en los que intervienen políticos y empresarios: siempre se deja caer la responsabilidad del lado de los políticos. Entiendo que haya de ser así en primera instancia, porque al fin y al cabo son nuestros empleados, los que nos han fallado, los que están haciendo mal uso del encargo democrático de representación y defensa de nuestros intereses. Pero, ¿y el empresario? ¿qué ocurre con esa empresa que hacía regalos, que preparaba sobres, que repartía comisiones a diestro y siniestro? De alguna manera es como si diéramos por supuesto que ese es el comportamiento que se espera de un buen empresario, como el valor al soldado. Me resisto a pensar que eso sea así: tiene que haber empresarios que sigan creyendo en el fin social de la empresa, en su papel como generadora de bienes y servicios, sin que eso suponga vulnerar la ética y la decencia.

Pero esos empresarios que han tenido comportamientos corruptos deberían ser expulsados de los consejos de administración, deberían ser estigmatizados por su gremio, en cualquier caso la Administración no debería contratar nunca más con ellos. Digo yo. De la misma manera que un pederasta no puede ni pisar un colegio según la ley, un empresario que ha estado corrompiendo a un político no debería poder acceder a un concurso público en muchos años. Porque llama la atención que las mismas empresas que han pervertido el sistema de contrataciones con una mano, sean perceptoras de obras millonarias con la otra, sin que nadie sume dos más dos.

No hablamos de sospechas ni especulaciones, sino de sentencias firmes. Con sus jugosas grabaciones, nombres y apellidos y correspondientes cuentas en Suiza.

Hacer negocios no puede ser sinónimo de dedicarse a la piratería. Y no niego que haya empresas cuyo único fin sea el lucro, y que estén dispuestas a sacrificarlo todo por ese objetivo, empresas que busquen la especulación y la acumulación de capitales a cualquier precio. El capitalismo productivista ha promovido ese modelo de empresas. Pero los gobiernos de países en cuya constitución se prima el bien común, la defensa ambiental, los derechos sociales… no pueden contratar con esas empresas que niegan todo esto. Nadie en su sano juicio confiaría sus ahorros al tipo que nos asaltó a punta de pistola, pero la Administración sigue confiando su dinero a empresas que se han empeñado en corromper sus mecanismos de contratación. ¿Hay algo que no sepamos?