Las indeseables e inoportunas – lo contrario para otros – elecciones generales del pasado 23 de julio, dejaron en lo alto dos incuestionables resultados: En cabeza como ganador el PP con 8.091.840 y136 escaños, seguido del PSOE con 7.760.970 votos y 122 escaños. Un total de casi dieciséis millones de votos que en una democracia parlamentaria hubieran propiciado un acuerdo que en beneficio del país hubiera evitado los conflictos que han dado lugar a lo que llaman un “gobierno Frankenstein” o tal vez peor, que no asegura una legislatura a la altura de lo que España necesita y que está amenazada por quienes pretenden aniquilar al Estado de ciertas autonomías, lo cual les sirve de continuo chantaje a los gobernantes y a estos, como hemos visto ene la pasada legislatura y, dadas las imposiciones, pueden aumentar en la próxima y doblegarse ante sus exigencias e ir debilitando hasta perderse sus prerrogativas constitucionales.

Nuestra Constitución tiene dos importantes errores, entre otros: la falta absoluta de separación de poderes y la Ley Electoral, que permite otorgar votos y escaños de manera que favorece a partidos residuales y minoritarios en una interpretación discutible de los estrictos valores democráticos. Una vez más ha pasado y una vez más los socialistas con Pedro Sánchez a la cabeza, que ya demostró su ambición autocrática en la pasada legislatura, llega por extrema necesidad a desorbitar sus acuerdos con aquellos que le obligan a legalizar o normalizar situaciones absolutamente inconstitucionales: Rebelión, sedición, malversación… He aquí la inquietud que han sembrado las cesiones en la constitución de la Mesa del Congreso que parecen anticipar la rendición completa ante Puigdemont para la investidura, que exige garantías en el cumplimiento de sus imposiciones. Como dice García Page, Presidente de Castilla La Mancha: “el prófugo catalán ·tiene el mando a distancia de la legislatura” y puede llevar al gobierno a un estado “de libertad condicional”. Como un dogal en su cuello que se aprieta o se afloja según las condiciones o chantajes que le impongan sus socios de gobierno.

Referéndum, amnistía, desjudicialización, amenazas de subasta, inmunidad o impunidad absoluta para todos los desmanes anticonstitucionales de los nacionalistas que con el gobierno enarbolan el engañoso espantajo del “progresismo social”, aunque algunos de esos partidos separatistas – también los grupos vascos - evidencien conservadurismos de la más extrema derecha, más los recalcitrantes errores de PP y Vox – entre la timidez y la tozudez -, jaleados por paniaguados medios informativos, cual palmeros agradecidos, tienen a muchos electores como pollos sin cabeza. Ya la elección de la Mesa del Congreso nos alertó del evidente deterioro de la democracia parlamentaria. De una u otra forma nuestras precisiones y urgencias políticas están por encima de sueños pequeños, ambiciones identitarias, localismos trasnochados y supremacismos intolerables.