Agricultores, trabajadores del campo y vecinos de Lucena del Puerto impidieron el cierre de pozos de agua para riegos considerados ilegales, que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) se disponía a cerrar como había anunciado. Desde primeras horas de la mañana de ayer cientos de personas se concentraron en varios puntos del camino Santa Catalina a la espera de la llegada de los técnicos de la CHG, acompañados por la Guardia Civil. Habían recibido un chivatazo que alertaba de que el sellado de los pozos en El Gago iba a iniciarse. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir había procedido al sellado de sondeos situados en una finca del entorno de La Cañada, en Almonte, y anunciado que antes de que finalice el mes de julio haría lo mismo con los 77 pozos sancionados en Lucena del Puerto. En concreto, 66 pozos en El Gago, 4 en Casa Beas y 7 más en el paraje denominado Magín.

Los productores de frutos rojos habían convocado una concentración espontánea en la zona del Gago y cientos de vecinos, trabajadores del campo, comerciantes, que cerraron sus negocios, y agricultores de otros municipios colindantes para impedir los trabajos por parte de los técnicos de este organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, que acudieron a la zona acompañados por un buen número de agentes de la Benemérita.

Así a las 08:00 cientos de personas se habían desplazado hasta El Gago y finalmente evitaron la acción de los técnicos. Los concentrados no permitieron el paso de éstos y los agentes al lugar previsto con un corte en el camino agropecuario Santa Catalina que impidió el acceso de los vehículos. Así permanecieron durante varias horas hasta que los técnicos, siempre arropados por la Guardia Civil, desistieron y abandonaron la zona, así como los agentes del Instituto Armado.

Un mando del Cuerpo de Seguridad del Estado informó a los concentrados de la apertura de un informe y que la próxima vez se trasladarán de nuevo a la zona con una orden judicial y que no se permitirá que vuelva a producirse el bloqueo. Inicialmente ayer estaba previsto la clausura de 14 pozos que se consideran ilegales y que se encuentran en terreno público. Debía ser la segunda actuación de este tipo en este entorno después de que el pasado 18 de junio se sellara uno de los cuatro, en una finca del entorno de La Cañada, propiedad de Agrobionest.

Los productores de frutos rojos solicitan que se agilice la llegada de agua superficial para cerrar las captaciones

Según los agricultores la concentración ha sido organizada por el pueblo porque sin agua será la ruina para el sector y toda Lucena. El colectivo asegura que no se opone al cierre de pozos pero antes necesitan agua superficial que no llega.  “No se pueden cerrar sin darnos ninguna solución. Del trasvase de los 5 hectómetros cúbicos al Condado sólo llegan poco más de 2 y eso es insuficiente. Además la transferencia de los 15 hectómetros está también aprobado pero la obra no se hace y el agua no llega”, espetó uno de ellos, que quiso permanecer en el anonimato.

Los productores de frutos rojos demandan que se aceleren los trámites para las obras de infraestructura que se llevan a cabo en esta zona de regadíos a fin de contar con agua superficial cuanto antes y a partir de entonces poder proceder al cierre de los pozos. Mientras tanto, han anunciado que no van a dar tregua y que “vamos a hacer turnos en la zona para seguir impidiendo la clausura de las captaciones subterráneas”.

El retraso de la llegada de agua de superficie y la problemática de los regadíos no solo afecta a Lucena del Puerto, sino también a Almonte, Rociana, Bonares, además de Moguer, municipios afectado por el Plan Especial de Regadíos de la Corona Norte Forestal. De hecho, algunos agricultores han respaldado también la protesta porque sus tierras han quedado fuera el Plan.

Técnicos de la Confederación esperan el desarrollo de los acontecimientos.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha recordado a los vecinos de Lucena del Puerto que la medida es consecuencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del 2017 y que se limitan a hacer cumplir “de manera subsidiaria” una orden judicial que obligaba a hacerlo al Ayuntamiento de Lucena, después de que éste, tras dos años, no la haya ejecutado.

Los técnicos de la CHG desistieron ayer realizar los trabajos y por el momento no han podido precisar cuándo se retomarán pero sí que “las sentencias judiciales hay que cumplirlas”.

En los dos últimos años (2017 y 2018) la CHG ha cerrado en toda la cuenca del Guadalquivir más de 300 pozos, situados en hectáreas que se han quedado fuera de regularización tras la aplicación del Plan de Ordenación de Regadíos y por tanto considerados ilegales. La Confederación sostiene que el cierre de pozos en el entorno de Doñana supone un paso más para garantizar el uso sostenible del acuífero.

En Lucena del Puerto, la mayor parte de su población, unos 3.000 habitantes vive de la agricultura, un sector que da empleo a unas 7.000 personas. Sus habitantes han anunciado que no se resignarán a no poder regar sus cultivos.