Ante la polémica que mi partido, Ciudadanos-C's, ha querido hacer pública en los medios de comunicación antes incluso de comunicárnoslo a los interesados, quiero expresarme como parte afectada.

Quiero creer que sin duda el comunicado recibido debe obedecer a algún error.

Error probablemente producido por la información que haya llegado al Comité Ejecutivo desconozco de quién (o no) ni con qué intenciones (o sí); por lo que hemos pedido explicaciones a los órganos correspondientes para aclararlo, pues no parece muy lógico que se determine de pronto un cambio así, sin haber contactado con ninguno de los implicados (¿o no?).

En cualquier caso ese escrito recibido no lo puedo tomar como una orden sino como una sugerencia, ya que el artículo 67.2 de la Constitución Española prohíbe taxativamente el mandato imperativo de los partidos políticos a los representantes públicos, "los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo". Y dicha prohibición de mandato imperativo la hizo extensiva el Tribunal Constitucional a cualquier cargo público representativo, incluyendo los concejales, en sus sentencias de 6 de abril de 1983 y 28 de febrero de 1984, entre otras, impidiendo a los partidos políticos el ejercicio de derechos que sólo a las personas físicas les corresponden.

(Imagino que "doctores tiene la Iglesia" para no tener que ser yo quien les recuerde esto).

No nos queda otra que entender que Ciudadanos, siendo un partido constitucionalista, con el comunicado enviado no pretendía imponernos un cambio, pues la Constitución se lo impide, y por todos es ya conocido nuestro profundo respeto a la Constitución.

"Ciudadanos es un partido político que se enmarca en la tradición constitucional (…) En consecuencia, nos definimos como un partido liberal progresista, demócrata y constitucionalista.

Reivindicamos una sociedad abierta, donde los poderes públicos se dediquen a garantizar las libertades y derechos de los ciudadanos mediante el cumplimiento de las leyes democráticas. (…)

Recuperar y mantener la confianza del sistema democrático exige su permanente regeneración. Para ello la transparencia y la democracia interna en los partidos políticos, y la libertad de expresión en los medios de comunicación, resultan indispensables en una democracia de calidad.

Es necesaria una nueva cultura política basada en el respeto al adversario, el rechazo a las actitudes políticas intolerantes y sectarias (…)

Ciudadanos se compromete a actuar en política, tanto en las instituciones como en la sociedad, conforme a los valores expuestos en este ideario".

Y estas palabras queridos lectores, no son mías, son parte de "Nuestros Valores", de los valores del partido al que pertenezco y que están a disposición de todos ustedes en la web de Ciudadanos.

Siendo esto así, no me cabe duda de que mi partido, en su férreo compromiso por actuar en política y en las instituciones conforme a nuestros valores, en ningún caso pretende imponernos el cambio del portavoz, transgrediendo las reglas democráticas constitucionales, ni usurpar la titularidad del derecho que promulga el artículo 23 de nuestra Constitución, que corresponde en exclusiva a las personas físicas, a los representantes de los ciudadanos, en este caso a los concejales del Grupo Municipal, y no a los partidos políticos.

Y, por supuesto no creo que mi partido, de no acatar tal decisión que sólo a nosotros corresponde, pueda tomar medidas disciplinarias contra nosotros, pues con ello también se transgredirían los citados artículos y los valores constitucionales. No me imagino ser "castigado" por cumplir con mis funciones en el marco de la legalidad y la Constitución. Tampoco nuestros Estatutos le confieren al Comité Ejecutivo la facultad de imponer el portavoz a un grupo municipal.

Estoy tranquilo, creo que nuestro compromiso con el partido y nuestro trabajo se ha visto día tras día, sin circos mediáticos, populismos ni aplausos fáciles más propios de otros. Preferimos dedicarnos a trabajar para los onubenses, que es para lo que nos eligieron.

Habrá decisiones que hayan tenido más aceptación que otras, incluso algunas que hayan podido resultar impopulares para algunos, pero siempre se han tomado desde la sensatez, la coherencia y con un profundo respeto a las leyes y a nuestros tribunales. Elegimos ser útiles, antes que importantes.