Es el momento de hablar de financiación

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sorprendió el pasado lunes a todos al reconocer que la comunidad autónoma andaluza merece una mejor financiación que la que tiene en la actualidad. Las palabras de la política coinciden con la aprobación por parte de la Comisión de Hacienda del Congreso de una iniciativa de Ciudadanos en la que se insta al Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy a impulsar "en el más breve plazo posible" la revisión sistema de financiación de las comunidades para que pueda debatirse y aprobarse en el Congreso de los Diputados. Asimismo, a nadie se le escapa que es muy posible que el conflicto catalán acabará, entre otras muchas cosas, con un aumento del dinero que el Estado transfiere a la Generalitat. Tras las reuniones técnicas que se celebraron este verano bajo el auspicio del Ministerio de Hacienda para estudiar las diferentes propuestas que los expertos hacían sobre la materia, parece claro que el debate debe entrar ya en una definitiva fase política que desemboque en una reforma de la financiación autonómica que ya no se puede aplazar más.

Si hay algo evidente en la actualidad es que ninguna de las comunidades autónomas españolas (exceptuando, lógicamente, País Vasco y Navarra) parece estar de acuerdo con el dinero que reciben de la Administración central del Estado. En resumen, todas quieren más. Pero la financiación autonómica es como una manta con la que siempre se corre el peligro de que, al abrigar una zona, se deje al descubierto otra. Los recursos son los que son y la cuestión es distribuirlos de una manera eficaz y justa. En ese sentido, la propuesta de Andalucía está en plena sintonía con un Estado igualitario que garantice la misma cantidad y calidad de los servicios esenciales a todos los ciudadanos españoles. Ni más ni menos. Ningún partido de derechas, centro o izquierdas que tenga una visión solidaria de la nación española puede negarse a esta pretensión. Grosso modo, lo que quiere la Junta es que se calcule el coste promedio social por ciudadano para que a cada región se le den fondos según su población. Lo que no puede seguir ocurriendo es que las autonomías más pobladas, como Cataluña, Valencia o Andalucía sigan siendo las peores financiadas de España. Después pueden venir otras medidas adicionales, como la corresponsabilidad fiscal que dé mayores competencias recaudatorias a las autonomías, pero el eje de la reforma debe ser ese: garantizar la igualdad de todos los españoles.

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