Hace unos días, Félix Bolaños, ministro de Justicia y muñidor de la ley de amnistía que hoy tiene previsto aprobar el Congreso, admitía que una mayoría de la población española está en contra del perdón para los responsables del intento separatista de octubre de 2017 en Cataluña. Pero añadía que con el tiempo los españoles se darán cuenta de los enormes beneficios que aporta a la sociedad que Puigdemont pueda pasearse tranquilamente por el país sin haber tenido que dar cuenta a la Justicia ni de los graves delitos que cometió ni de su vergonzante huida. Juan Espadas, el líder del PSOE de Andalucía, se apuntaba a la misma tesis en una reciente entrevista. Es difícil imaginar un disparate político de mayor envergadura. En un sistema en el que la representación de la ciudadanía es el fundamento de la democracia tal y como está configurada en la Constitución, se gobierna en contra del sentir de esa mayoría. Tratar a los españoles como incapaces mentales, pues no otra cosa es lo que hace el ministro, y retrotraer a España a una reedición del despotismo ilustrado –todo para el pueblo, pero sin el pueblo– es quizás lo único que faltaba por ver en el cúmulo de despropósitos en el que se ha convertido la política española. La única realidad que subyace en todo este magma de disparates y frases altisonantes es que hoy, salvo terremoto político, el Congreso va a dar luz verde a una amnistía a la que Pedro Sánchez y su partido se oponían hasta hace unos meses, que cuenta con un rechazo mayoritario entre la población que se refleja en todas las encuestas, que premia conductas claramente delictivas y contrarias a la cohesión nacional y que rompe consensos básicos del sistema democrático. La única razón para hacerlo es que, en las elecciones del pasado julio, a Sánchez le faltaron siete escaños para configurar una mayoría suficiente en el Parlamento. Y que no ha dudado en pagar el precio que le han puesto a cambio de esos siete votos, aunque para ello haya tenido que poner al Estado a los pies de unos chantajistas.