En las elecciones de mayo del año pasado el Partido Popular obtuvo un poder territorial sin precedentes. Tras la mayoría absoluta conseguida en Andalucía un año antes, los resultados de esos comicios lo colocaban en el gobierno de 11 de las 17 comunidades del Estado y dejaban a los socialistas sólo al mando de tres de ellas. En julio, Alberto Núñez Feijóo fracasaba en su primer intento de llegar a La Moncloa, pero consolidaba una mayoría absoluta en el Senado de importancia estratégica, aunque sin capacidad real de bloqueo. Esas eran las armas con las que contaba Feijóo para armar una oposición efectiva. Pero los primeros meses de la legislatura han demostrado que cada autonomía ha hecho la guerra por su cuenta y que ha faltado una mínima coordinación. El PP convocó recientemente en Córdoba a todos sus presidentes regionales para fijar líneas de actuación conjunta. No puede decirse que se dieran prisa. Han transcurrido nueve meses desde las elecciones del 23 de julio y cuatro desde la investidura de Pedro Sánchez y en ese periodo han ocurrido hechos que han alterado sensiblemente la realidad política del país y debates en los que hubiera sido necesario escuchar la voz de la periferia. La llamada, con cierta rimbombancia, Declaración de Córdoba, es fundamentalmente una rotunda condena de las cesiones de Pedro Sánchez a sus socios independentistas y una defensa cerrada de la Constitución. En este sentido, sus siete puntos no van más allá de las críticas que la dirección nacional del PP ha venido realizando en los últimos meses, aunque tiene el valor de constituir el primer pronunciamiento conjunto de los representantes políticos que gobiernan el día de muchos millones de españoles. De la reunión de Córdoba salió también el compromiso de políticas coordinadas en materia de educación, sanidad o financiación. Y ahí es donde el poder territorial del PP, si se muestra sin fisuras, puede ser determinante en un escenario tan complicado como va a ser el de los próximos meses.