De acuerdo: lo verdaderamente grave del pacto entre PSOE y Junts es que contiene una ley de amnistía que decreta la impunidad de delitos graves, vulnera el principio constitucional básico de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, deteriora la separación de poderes del Estado y la independencia de los jueces y asume la lectura independentista del procés convirtiendo al Estado democrático en un régimen autoritario que reprime a le gente por sus ideas. Todo a la vez y todo el tiempo.

Pero ¿qué me dicen de las formas y la articulación de lo pactado? Pedro Sánchez también ha comprado íntegramente la mercancía tóxica con la que Carles Puigdemont ha envuelto sus siete votos. El cumplimiento del acuerdo entre los dos partidos que hicieron posible la investidura del presidente del Gobierno español no se vigilará desde el Congreso de los Diputados y el Senado en Madrid (España), sino a muchos kilómetros de nuestra tierra, presumiblemente en Ginebra (Suiza).

Esto, que es raro, raro, raro, pasa a resultar grotesco cuando se le añade el detalle de que los dos partidos no se reunirán –cada mes– sin testigos ni intermediarios, sino con un verificador que tomará nota de los acuerdos y procurará acercar las posiciones cuando éstas se distancien. “Nos acompañará” en el diálogo, es lo último que ha dicho Sánchez, que ha justificado el protagonismo del acompañante en la desconfianza que existe entre los dos partidos. Lo que no ha justificado aún es por qué mantienen su identidad en secreto, como si él estuviera haciendo algo malo o quisieran librarle de terribles presiones innominadas para que fracase en su humanitaria labor. Bueno, esta opacidad terminará el día menos pensado, cuando el presidente del Gobierno decida que ya es el momento de la transparencia, proclame el final de la ahora imprescindible discreción y deje en ridículo a todos los que cambian de opinión en cuanto la cambia el Líder.

En realidad todas estas anomalías de procedimiento y forma de hacer las cosas son un tributo más al prófugo de Waterloo. La estabilidad del Gobierno democrático español se negocia fuera de España porque el interlocutor principal no puede pisar suelo español –por ahora– y con un mediador anónimo porque así se alimenta la megalomanía de Puigdemont con el sueño fantasioso de la pacificación entre dos enemigos irreconciliables que se combaten a muerte y buscan sólo una tregua.