POCO se puede añadir a lo que se ha escrito estos días sobre la amnistía del emperador Sánchez. Pero, al menos, hay que dejar constancia de que se pertenece a la mayoría de españoles que no se ha tragado sus excusas y mentiras. La amnistía llega por la necesidad de los votos independentistas para que el PSOE se mantenga en el poder. Solo y exclusivamente por eso. Intentar sublimar esta decisión argumentando el interés de España es alcanzar unas altísimas cotas de cinismo. Las antenas mediáticas del PSOE llevan tiempo preparando la operación con una campaña que tiene dos ejes fundamentales: el descrédito del poder judicial (que fue el único que, junto al Rey, dio la talla cuando el intento de golpe del procés) y la apelación a una pretendida reconciliación entre catalanes, lo que siempre pone en plano de igualdad a los golpistas con los que respetaron la legalidad. No deja de ser risible que, cuando el Tribunal Constitucional va camino de convertirse en un brazo más del Gobierno de progreso, los apoyos periodísticos de la izquierda suelen insistir en el sesgo conservador de la judicatura. El parapeto de las togas, hasta ahora una de las defensas más efectivas del Estado de Derecho, va camino de volar por los aires ante la acción de los zapadores de Sánchez-Yolanda. Cuando esto ocurra, España se convertirá definitivamente en una democracia bananera.
La visita de ayer del número tres del PSOE, Santos Cerdán, a Carles Puigdemont (un fugado de la justicia y un enemigo declarado de la democracia española) es, además de un inmenso error político, una humillación sin precedentes tanto a los jueces como al conjunto del Estado. Solo un país enfermo ha podido consentirlo. Pero no es algo que surja de la nada. España lleva meses tragando con las maniobras del Gobierno de progreso para blanquear el procés. Primero con la ingeniería legislativa que permitió la reforma de los delitos de sedición o la malversación, después con el control de los órganos judiciales con juristas absolutamente fieles a la causa (Dolores Delgado o Juan Carlos Campos, por ejemplo) y finalmente con campañas para desacreditar a los togados que no se pliegan a sus órdenes. La amnistía que propone el Gobierno es un auténtico escupitajo sobre algunos de los conceptos más nobles y justos que recoge la Constitución, como es el de la igualdad de todos los ciudadanos ante una ley que suponíamos democrática y legítima. ¿O no lo era? Y todo por un puñado de votos. Por puro poder.
