"No es posible que a nosotros, que defendemos con uñas y dientes el medio rural y que pertenecemos a la Red Mundial de Ecoaldeas, se nos esté imputando un delito medioambiental". Así de rotunda se mostró ante Huelva Información la portavoz de los 114 habitantes (40 de ellos niños) de la aldea de El Calabacino -en el municipio de Alájar-, Cecilia Rodríguez, después de que cuatro vecinos hayan sido imputados por edificar viviendas que la Fiscalía de Medio Ambiente considera ilegales por estar edificadas sobre suelo protegido del corazón del paraje natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Este diario ya avanzó el mes pasado un escrito de acusación en el que el Ministerio Público solicitaba dos años de prisión, multa de 5.800 euros y la demolición de una casa para uno de los matrimonios que habitan en El Calabacino, que tiene dos hijos de tres y cinco años. "No tienen miedo porque están arropados por todos nosotros y no han hecho nada ilegal sino alegal", concreta Rodríguez, que lamenta "lo desproporcionado de estas medidas" por la vía penal contra el vecindario, asentado en la zona desde 1979. "Creemos que nos están metiendo en el saco de los especuladores y nosotros no tenemos nada que ver con ellos", sentencia.

Es cierto, asume, que en la zona "se han construido casas fuera de la normativa" de la Junta de Andalucía, pero también lo es que son "muy humildes, de apenas 60 metros cuadrados y que se han construido con tapial, ladrillos realizado con balas de paja sujetados por pilares y que luego se enfoscan".

Tanto los agentes forestales como el propio Ministerio Público que dirige Alfredo Flores mantienen que la utilización de este material y de la madera en las edificaciones suponen "un grave riesgo de incendios forestales" en un hábitat muy sensible. Cecilia Rodríguez, sin embargo, cree que esto "es totalmente falso, porque las leyes europeas refrendan este tipo de construcciones, que son totalmente ignífugas". Por esa regla de tres, apunta, "tampoco se podrían tener alpacas para el ganado".

En este momento el vecindario se ha movilizado y realiza una campaña de crowdfunding para recaudar fondos con los que hacer frente a la defensa de los encausados. El letrado que los representa, Ignacio Martínez, tiene larga experiencia en estas lides en la jiennense Sierra de Segura y considera que todo es "consecuencia de una determinada orientación política de la Junta de Andalucía en torno a la legislación: concibe los parques naturales como un espacio donde el hombre no tiene cabida".

Desde el prisma del jurista, esta forma de legislar es la que "provoca que se puedan perseguir penalmente" estos modos de vida alternativos, lo que considera que forma parte de "la persecución y el expolio de nuestros parques naturales, una política rancia heredera del máximo esplendor del franquismo".

Las viviendas realizadas con bloques de paja y barro son bioclimáticas "y no he visto ninguna que haya provocado un solo incendio forestal", subraya Martínez, quien tilda la imputación de sus representados de "desvarío y despropósito político", puesto que penaliza el retorno a la vida rural.

Destaca que la presencia de este medio centenar familias en El Calabacino es primordial para su entorno. De hecho, sus altos índices de natalidad y la escolarización de esos niños "han permitido que siga abierta la escuela de Alájar, por ejemplo".

Para el representante legal es importante que la opinión pública se sensibilice con el asunto y que, si sus clientes son condenados, "se les indulte como se hace con los corruptos". Cree que el "ataque" administrativo y judicial a los propietarios de la aldea atiende a que "es gente autosuficiente, no controlada por el voto cautivo".

A la causa aportará distintos informes periciales que concluyen que "estas edificaciones no crean un grave perjuicio a su entorno; están dando ejemplo".