Orta y Pino, imputados por los mismos delitos por los que fueron detenidos

  • Se les imputa un delito fiscal, otro de falsedad documental y otro de blanqueo de capitales - La jueza rechazó la fianza y el Ministerio Fiscal no tiene previsto recurrir este hecho

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Los ex alcalde y concejal de Urbanismo del PP en Aljaraque, Juan Manuel Orta y Casto Pino, respectivamente, están imputados por un delito fiscal, otro de falsedad documental y otro de blanqueo de capitales, los mismos por los que fueron detenidos en la mañana del pasado martes por la Guardia Civil, junto a los otros dos acusados por este caso, el socio de Orta A.G.S. y la mujer de Casto Pino A.S..

Según informaron fuentes de la Fiscalía de Huelva, aunque el fiscal solicitó la libertad con cargos y con fianza para los acusados, la jueza sustituta del Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva rechazó la fianza y el Ministerio Fiscal no tiene previsto recurrir este hecho.

No obstante, los cuatro imputados, que permanecieron ayer más de 15 horas en la Audiencia Provincial de Huelva, deberán comparecer semanalmente en el juzgado, que mantiene el secreto de sumario, si bien los letrados de los acusados confían en que "se levante pronto".

La jueza estuvo más de 12 horas con la toma de declaración a los acusados, en la que también se celebraron tres 'vistillas' a los mismos, en las que se estimaron los cargos de cada uno, ya que el fiscal consideró que la mujer de Casto Pino, A.S. no precisaba de este trámite.

Finalmente, los cuatro acusados salieron de la Audiencia Provincial de Huelva a las 0.15 horas acompañados de una veintena de familiares y amigos, momento en el que el ex alcalde de Aljaraque manifestó estar "cansado, pero preocupado".

En principio, estas detenciones responden a la investigación judicial llevada a cabo tras la denuncia presentada por el promotor inmobiliario y ex militante del PP Rafael Barroso en mayo de 2007, en la que acusaba a Orta de un presunto delito de enriquecimiento de su patrimonio personal en sus 12 años como alcalde mediante el cobro de comisiones ilegales, situación que hacía extensible a su concejal de Urbanismo, Casto Pino.

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