"Estoy cansado pero preocupado". Doce horas después de que en el Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva comenzaran las declaraciones sobre el caso Aljaraque, que se ha saldado de momento con cuatro detenciones, el ex alcalde del municipio, el popular Juan Manuel Orta, salía por su propio pie de la Audiencia Provincial a las 00.30 horas junto a los otros tres detenidos, el ex concejal de Urbanismo, Casto Pino, la mujer de este, M. A. S. , y el socio del ex regidor municipal, A. V. G.

La juez instructora decretaba libertad con cargos para los cuatro detenidos. Los representantes legales de Orta, su socio, Casto Pino y su mujer, mantuvieron mutismo absoluto tanto en torno a los cargos que la titular del juzgado les imputa como sobre la posibilidad del pago de una fianza y, en ese caso, de la cantidad exigida por la autoridad judicial.

Finalizaba así una dura y agotadora jornada. A las 24 horas de su detención, los implicados en la presunta trama de fraude fiscal pasaban a disposición judicial. El traslado desde la Comandancia de la Guardia Civil (donde pasaron la noche) a la sede judicial se llevó a cabo con el máximo secretismo, minutos después de las ocho de la mañana. "Ha pasado la noche bien", comentaba uno de los allegados.

Hasta ese momento, los cargos que se imputaban a los cuatro detenidos (blanqueo de capital, fraude fiscal y posible falsedad documental) parecían no guardar relación directa con su gestión pública.

Los pasillos de la tercera planta del Palacio de Justicia, donde se ubica el juzgado encargado de la investigación, se convertían en sala de espera de familiares directos y amigos del ex alcalde, de su socio y del ex concejal de urbanismo, junto a los que se encontraba la cuarta detenida en la mañana del martes, la mujer de Casto Pino, M. A. S., que había quedado en libertad con cargos por motivos de salud. Los rostros expresaban preocupación y reflejaban síntomas de cansancio. Demasiadas horas en guardia. Durante todo el día, conocidos de los detenidos se acercaron a la sede judicial (algunos no llegaron a moverse) para arropar a los familiares. Los gestos de apoyo se sucedieron durante la jornada. Desde las filas del PP hubo una visita, la del ex alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino.

La espera se prolongó más de lo previsto. De hecho, los abogados habían sido citados a las 10.00 horas y la primera declaración comenzó a las 12.35 horas. La representación legal de Juan Manuel Orta y su socio la ejerce el abogado onubense Manuel Macías, mientras que el letrado sevillano Francisco Baena Bocanegra representa a Casto Pino y su mujer. La Fiscalía, en este caso, está representada con Miguel Arias.

En ese momento (12.35 horas), supuestamente desde los calabozos del Palacio de Justicia (según el procedimiento habitual con todos los detenidos, salvo que se hiciera alguna excepción) aparecía Juan Manuel Orta, el primero que prestó declaración. Apenas tuvo tiempo de fijarse en los rostros. Su entrada al juzgado fue cuestión de segundos. El ex alcalde de Aljaraque llegó sonriente, aparentemente mantenía la entereza y levantó la mano para saludar a su círculo más íntimo.

Orta estuvo prestando declaración desde la referida hora hasta las 16.15, cuando la juez hizo un receso. A partir de las 17.00 horas aproximadamente, se retomaron los interrogatorios.

Los dos ex responsables políticos del Ayuntamiento de Aljaraque, el socio de Orta y la mujer de Casto Pino fueron detenidos en la mañana del pasado martes por orden judicial y prácticamente de forma simultánea. Orta y su socio fueron arrestados en el despacho que ambos tienen en el centro de Huelva mientras que las detenciones de Pino y su mujer se llevaron a cabo en su casa en el término de Aljaraque.

Las detenciones se producen después de 14 meses de investigación judicial. En enero de 2007, el promotor inmobiliario y ex militante del PP Rafael Barroso presentó una amplia denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, que derivó el caso a Huelva. El Juzgado de Instrucción número 3 se hizo cargo del asunto. El empresario Barroso acusó al primer edil de un presunto delito de enriquecimiento de su patrimonio personal en los doce años que estuvo al frente del Ayuntamiento, así como del presunto cobro de comisiones ilegales, denuncia que hizo extensible al concejal de Urbanismo, Casto Pino.

Hasta el momento, no se ha confirmado que la investigación judicial responda en exclusiva a la denuncia del ex militante del PP.

Orta anunció que no concurriría a las elecciones de 2007.