Hasta septiembre. Ese es e plazo que fijó ayer el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, como fecha tope para que el Gobierno central responda a su requerimiento para paralizar los proyectos de gas natural en el entorno de Doñana, y si no es así acudirá a los tribunales.

Fiscal recordó que el requerimiento se le remitió a mitad de julio al Ministerio de Agricultura, Pesca Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) y que, por el momento, "no hemos recibido ninguna respuesta por parte de la ministra, Isabel García Tejerina".

En ese escrito se pedía al Mapama que retirara las evaluaciones ambientales de los cuatro subproyectos e hiciera una sola teniendo en cuenta los efectos acumulados de lo que se entiende como un sólo proyecto; y que instara al Ministerio de Industria a la paralización de facto y oficial de la parte de Marismas Occidental, que la empresa tiene en ejecución.

El consejero señaló que está en conversaciones con el gabinete jurídico de la Consejería, y explicó que si no recibe contestación a este requerimiento a principios de septiembre, una fecha que "parece razonable", "pediremos a los tribunales que, en vista de los informes existentes que nos aporta el Defensor del Pueblo Andaluz de varias administraciones, entre otras el CSIC, paralice el proyecto de gas en el entorno de Doñana y se realice esa evaluación conjunta". El informe del CISC fue dado a conocer a principios de julio.

Fiscal insistió en que las Declaraciones de Impacto Ambiental de los cuatro tramos en los que se ha subdividido el proyecto del gasoducto no han evaluado los posibles riesgos sísmicos que, en su caso, pudiera originar la ejecución de éste.