Los constructores y arquitectos de las 13 VPO de la calle Peral de Lepe que se derrumbaron en 1998 han recurrido la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva que decretó la ruina de estas viviendas tras la denuncia de sus propietarios.

En la sentencia, el juez había determinado prioritario proteger la seguridad de las personas a los intereses de la promotora, que pidió la suspensión del derribo implícito en el decreto de ruina ya realizado por el Ayuntamiento lepero para proceder a la rehabilitación, según indicó la defensa de los propietarios a Europa Press.

De la misma forma, la defensa indicó que el juez también se amparó en la determinación de los arquitectos, que argumentaron en el juicio que la "evolución de la ruina de las viviendas continuaba, no ofreciendo seguridad ni incluso en las obras de rehabilitación que pudieran llevarse a cabo".

En el juicio celebrado el pasado mes de diciembre, cuatro de los seis arquitectos que comparecieron ante el Juzgado coincidieron en el "riesgo para terceros" que supone el estado de las mismas, decretadas ya en ruinas por el Ayuntamiento local, mientras que sólo los dos arquitectos de las constructoras optaron por una rehabilitación de las casas que sustituyese un posible derribo, por lo que destacó que el juez "deberá decidir ahora qué medida cautelar adopta, teniendo en cuenta si suponen o no un peligro para los vecinos o viandantes". Las mismas fuentes indicaron que, aunque para los propietarios "sería más rápida una rehabilitación de las viviendas de su propiedad para poder disponer de ellas, lo prioritario es no causar daños y que no se repita lo sucedido en Santander".

Por su parte, el portavoz de los afectados, Ricardo Serra, indicó a Europa Press que el recurso de la parte denunciada "retrasará una sentencia firme y que se proceda al derribo de las viviendas", si bien puntualizó que el juicio por la vía civil que debe celebrarse aún en el Juzgado de Ayamonte podría fijarse entre los próximos meses de marzo o abril, toda vez que se están ultimando las instrucciones de todos los detalles de la construcción".

En este sentido, recordó que los afectados solicitarán el gasto de las obras de construcción o de rehabilitación de las viviendas, los enseres dañados con el derrumbe y, además, daños morales, que ya fueron cifrados en 18.000 euros en el juicio por la vía penal celebrado en 2004 y en el que los imputados --administradores, arquitectos, técnicos y albañiles que intervinieron en las obras-- resultaron absueltos y el caso remitido a la vía civil.