Al mismo tiempo que se aprobaba la ley de amnistía, el Ministerio de Hacienda publicaba los datos de las balanzas fiscales. Accedía a la reclamación de los independentistas catalanes para armar su petición de nuevos privilegios, concretados en un sistema de concierto económico similar al de las comunidades forales. Esquerra Republicana y Junts que ya están en pleno diseño de sus estrategias para las elecciones autonómicas catalanas van a iniciar una escalada de exigencias al Gobierno en la que la petición de soberanía fiscal será el próximo gran objetivo. Con la metodología que estos partidos quieren aplicar a los datos de Hacienda se demostraría que Cataluña aporta al Estado vía impuestos mucho más de lo que recibe. Pero el propio concepto de balanza fiscal está puesto en cuestión por muchos expertos, en primer lugar, porque obvia los desequilibrios entre los territorios y, en segundo, porque su cálculo sólo pone de manifiesto que el Gobierno redistribuye el dinero que recauda en función de los servicios que prestan las comunidades, fundamentalmente la educación y la sanidad. Andalucía es una región infrafinanciada y con unos déficits estructurales que la colocan a la cola de los indicadores de bienestar. Favorecer a las regiones más ricas en detrimento de las más pobres, como pretenden los independentistas, es un disparate desde cualquier punto de vista porque rompe la cohesión nacional y el principio de solidaridad. Desde el inicio de la legislatura el Gobierno lleva una política de cesión permanente a las exigencias de sus socios y todo hace indicar que los privilegios financieros serán el siguiente escalón. A Andalucía le va a tocar defender sus derechos y no permitir que una vez más se vea postergada. No es sólo una responsabilidad de la Junta, sino de toda la comunidad.