ENTRE los alcaldes concejales que se presentan en las listas a las elecciones autonómicas y generales, incluido el Senado, y los alcaldes y concejales que están metidos en campaña ayudándole al partido, los ayuntamientos llevan ya casi dos años medio parados, es decir, desde mucho antes de las elecciones municipales, o al menos sin el necesario impulso en la gestión. Si a ello unimos la correspondiente paralización de otras administraciones, inmersas en la precampaña y campaña y le sumamos el uso que se hace de algunas de ellas poniéndolas al servicio del partido de turno para que ayuden de cara al 9-M, se podría decir que una gran parte de la maquinaria del país se encuentra bien entretenida en otros menesteres bien funcionando a medio gas o ni siquiera eso.

Sin embargo, cualquier optimista podría decir que a pesar de todo el país funciona, gracias a que el engranaje social y empresarial se mantiene vivo y dentro de la competencia de los mercados, donde no es posible la ralentización por precampaña.

A pesar de esta bajada de tensión en la gestión pública, la gente del común seguimos pagando el mismo nivel de impuestos -no hay rebaja por ralentización electoral mientras dura el trance- y recibiendo a cambio un plus en promesas de mejoras en las administraciones.

Afortunadamente, lo que se entiende por sociedad civil tiene capacidad para soportar los largos procesos no ya electorales, que estos son necesarios, sino hiperpreelectorales y suple con resignación las lagunas que se producen en la vida pública. De lo contrario, a este país tendrían que internarlo con un ataque de nervios.