UNA de las mayores industrias instaladas en Andalucía, Acerinox, acaba de pactar con los representantes sindicales de sus trabajadores solicitar a la Administración que se prorrogue a todo el año 2010 la situación de expediente de regulación de empleo temporal que ha tenido autorizada durante 2009. En virtud de este expediente, el grueso de la plantilla de la acería, que supera los dos mil trabajadores, va al paro durante la mitad del mes, con lo que el Estado se hace cargo del 70% del coste salarial; la empresa paga el resto hasta completar el 100% de los salarios. La Consejería de Empleo de la Junta ha puesto trabas a que esta situación de regulación se prolongue por todo el año 2010 porque lo considera excesivo para el momento que vive el mercado del acero. La Administración entiende que no se dan las mismas circunstancias económicas que hace un año, como reconocen todas las partes, ya que la cartera de pedidos se ha reactivado a niveles que están permitiendo a la fábrica producir por encima del 70%. Frente a la propuesta de doce meses, la Junta ve más adecuado un ERTE por cuatro meses, que dé tiempo a disipar las dudas sobre la recuperación. Si se presenta por doce meses tendrá que decidir si lo rechaza o lo autoriza, en virtud del expediente. El ejemplo de Acerinox pone de relieve el debate sobre cuál debe ser el correcto uso de la regulación de empleo. Se trata de un instrumento muy útil que evita despidos ante crisis coyunturales y que permite el mantenimiento del empleo en sectores productivos con perspectivas de futuro, pero no deja de suponer un esfuerzo que hace el conjunto de la sociedad que sufraga la prestación por desempleo durante los días que el trabajador está en regulación. Por eso defendemos que es una medida que debe utilizarse con carácter excepcional y que, de ninguna manera, puede convertirse en un sistema estructural de ayudas a la producción. La Administración está en la obligación de velar por el correcto uso de la regulación y del uso razonable de los fondos del sistema de protección de empleo. Por eso animamos a las empresas y los sindicatos, en éste y en todos los casos, a negociar también con la Administración la presentación de solicitudes que sean asumibles y salven coyunturas difíciles.