Decíamos ayer: el Gobierno tiene más apoyos parlamentarios que casi todos, pero es más frágil que ninguno, porque será rehén de algunos cuya única vinculación con España es su propósito de disolverla y cuya única relación con la Constitución es su voluntad de destruirla. Al máximo exponente de tanto “cariño” vamos a pagarle pronto una escolta cuando aún no ha sido amnistiado. Es un prófugo de la Justicia.

Decimos hoy: el Gobierno nace débil también por otros motivos. Uno de ellos, no poco importante, es la heterogeneidad de sus aliados, algunos de los cuales sólo pueden ser incluidos en el llamado bloque progresista de modo artificioso y manipulador. Por ejemplo, Junts y PNV. ¿Cómo contentar a todos a la vez si sus intereses e ideologías son contradictorios? Tampoco ayuda el hecho de que varios de ellos se disponen a competir electoralmente en los próximos meses, como la pareja PNV-Bildu o la pareja Junts-ERC, competiciones ambas que prometen ser a muerte, desestabilizadoras. Y menos aún ayuda a fortalecer al Gobierno el hecho de que el Senado esté en manos del Partido Popular y lo estén también once comunidades autónomas y muchos ayuntamientos con amplias competencias.

Vayamos a la auténtica estrella del mandato recién estrenado, aquello en lo que confía Pedro Sánchez para consolidar su gabinete y, en su caso, revertir el estado de la opinión pública por si necesita acortar la legislatura: la agenda social y económica. Mágicas palabras. Bálsamo milagroso.

Las promesas al respecto de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han sido ambiciosas: transporte público gratuito, gratuidad también de la enseñanza preinfantil, rebaja del IVA, reducción de las listas de espera sanitarias, revalorización de las pensiones, condonación de la deuda del FLA a Cataluña y demás comunidades, inversiones varias en Cataluña, Euskadi, Galicia y Canarias... Como exclamó un catalán universal, ¿y esto quién lo paga? O dicho de otra manera: de dónde saldrá el dinero que sería necesario para cumplir con tanta promesa. Porque el tiempo que viene es el del cuasi estancamiento de la economía, la vuelta de las reglas fiscales en la Unión Europea (es decir, el control del déficit y la deuda), la menor alegría en el gasto público, la inflación que no decae –el fenómeno más empobrecedor y desigualitario que uno se pueda imaginar– y, en definitiva, el tiempo menos propicio para ceder al chantaje de unos tipos insolidarios a los que todo esto les resbala.