LA Brigada de Asuntos Internos de la Policía ha arrestado por presunta corrupción a cuatro mandos de la Udyco, el grupo de élite que tiene como misión la lucha contra las mafias y las bandas del crimen organizado en la Costa del Sol. Entre los detenidos, el responsable de una de las áreas de esta unidad, un inspector jefe que en las últimas dos décadas ha cosechado algunos de los éxitos policiales más relevantes. A veces, con métodos de investigación que le han llevado al banquillo y a estar en el punto de mira de Asuntos Internos. Fue juzgado por, supuestamente, pagar los servicios de confidentes que facilitaron una gran operación con vehículos robados intervenidos en la actuación. Recientemente también se ha visto salpicado, junto al anterior jefe de la Udyco, en otra denuncia por presuntamente facilitar la fuga de un traficante. A la espera de que se contrasten las pruebas recabadas, la presunción de inocencia debe prevalecer, como no puede ser de otra forma. Pero el impacto de esta noticia es muy alarmante. Algunos de estos mandos bajo sospecha han jugado un papel determinante en operaciones como Malaya, un caso que culminó con la petición de cambio de destino de varios policías que se quejaron de que las indagaciones no avanzaron lo suficiente cuanto aparecieron sospechas de la conexión entre el gerente de Urbanismo marbellí, Juan Antonio Roca, y un alto cargo de la Dirección General de la Policía. Para complicar más el panorama, la Comisaría malagueña vive envuelta desde hace casi un año en una sórdida guerra interna con matices partidistas. El comisario provincial, Juan Jesús Peñalver, con apoyos en el Ministerio del Interior en Madrid, no cuenta con el favor del jefe Superior de Andalucía Oriental, Luis de Haro, un comisario afín al PSOE. Que la propia Policía limpie sus dependencias, siempre tranquiliza. Pero la gravedad de lo que ha sucedido y sucede en el interior de la Policía en Málaga requiere medias urgentes que el ministro del Interior no puede demorar más.