editorial

Copago en la sanidad pública

LA polémica sobre el copago sanitario ha entrado con fuerza en la campaña electoral andaluza después de que la Generalitat haya aprobado una formulación de este sistema de ahorro centrado en el gasto farmacéutico, uno de los que más engordan la factura de la sanidad pública. La aplicación del copago catalán consiste en el cobro de un euro por receta médica, aunque quedarán exentos de pago los ciudadanos con pensiones no contributivas y los receptores de rentas de inserción social (además de los fármacos que cuesten menos de 1,67 euros). El candidato socialista, José Antonio Griñán, se ha apresurado a anunciar que si su adversario, Javier Arenas, gana los comicios autonómicos, el copago sanitario será una realidad en Andalucía, en tanto que el propio Arenas se ha manifestado contrario a su implantación, aunque defiende un pacto sociosanitario a nivel nacional que garantice la supervivencia de la sanidad universal y gratuita. Más allá de las declaraciones de campaña, cuya sinceridad debe ser cuestionada por sistema, el copago sanitario es una cuestión que la sociedad española debe debatir con sosiego y racionalidad. Es un hecho que los costes de la sanidad pública se disparan cada año porque la demanda no para de crecer como consecuencia de la mayor esperanza de vida de la población y el envejecimiento de la misma, así como por los avances tecnológicos en el campo de la medicina. El dilema que ha de plantearse es fácil de resumir y difícil de zanjar: o se continúa incrementando el gasto público en sanidad, lo que en época de crisis y control del déficit público no resulta una práctica muy viable, o se encuentran aportaciones extraordinarias a los presupuestos de los sistemas de salud autonómicos. Aparte de las medidas de ahorro, que deben ser implantadas con firmeza allí donde aún no lo han sido, no queda otra salida que aumentar los ingresos. La forma más social y justa es imponer tasas por algunos actos médicos o por el acceso a fármacos eximiendo de las mismas a los sectores sociales más desfavorecidos. Para asegurar la continuidad de un sistema sanitario que es motivo de orgullo.

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