DESPUÉS de seis meses buscando mimbres para el cesto de la economía sostenible, el Gobierno ha aprobado por fin el anteproyecto de la ley que debe cambiar nuestro modelo productivo. Se ha tomado su tiempo, porque la iniciativa fue anunciada por el presidente Zapatero en mayo, en un mitin en Dos Hermanas (Sevilla). Vaya por delante que ésta es una buena idea: la falta de competitividad de la economía española, camuflada por el auge de la construcción y la llegada masiva de capitales del extranjero, tiene que corregirse con intensidad lo antes posible. Lo malo es que este problema no se resuelve por decreto, ni con la varita mágica de ningún gobernante. Son los empresarios y trabajadores los que deben protagonizar el cambio de modelo. Y la Administración tiene que encarar una serie de reformas, entre las que está en lugar principal la dimensión misma de su estructura y funcionamiento. Y una redefinición de todas sus instituciones, con ayuntamientos mejor financiados y diputaciones menos costosas o inexistentes.

Lo malo de esta ley no está en su intención, ni en sus carencias, sino en su evidente improvisación. Hay una prueba de esto último: la presentación del anteproyecto ha sido acogida con estrépito por los internautas españoles. Una disposición adicional de la futura ley propone crear un órgano administrativo que pueda cerrar cualquier web que viole las reglas de la propiedad intelectual. Cuando se ha producido una protesta masiva de los afectados, la sensación que ha dado el presidente es que no tenía idea de lo que iba el asunto. Es más, ha desautorizado a la ministra de Cultura.

La polémica sobre los derechos de autor es un tema largo y ancho. Los editores de periódicos, sin ir más lejos, se quejan con razón de que gastan mucho dinero en generar contenidos de calidad para que luego un buscador gane dinero con ellos, sin pagar un euro. Así, los buscadores pueden ingresar este año en España la mitad de los 700 millones de euros de publicidad que se van a facturar en internet. Otro aspecto de esta polémica son los derechos de propiedad intelectual de la música y el cine. Con la digitalización, no hay manera de parar las copias. La industria y los creadores están en pie de guerra. Los lobbies que los representan, como la Sociedad General de Autores o la Academia del Cine, figuran en vanguardia de la protesta.

Y resulta que la ministra Sinde es la última presidenta de la asociación de cineastas. "Es como si para hacer la reconversión industrial, Felipe González hubiese puesto a un minero de Asturias en el Ministerio de Industria", sostiene Julio Alonso (hijo), uno de los blogueros más importantes de este país. Hay que establecer mecanismos de defensa de la propiedad intelectual, pero bajo tutela judicial y con una ley expresa. No de tapadillo, dentro de un cajón de sastre.