El aumento de la litigiosidad y las huelgas de distintos actores del sector judicial durante la primera mitad del pasado año propiciaron que el número de asuntos resueltos o pendientes de resolver a lo largo de 2023 creciera en prácticamente todos los órganos jurisdiccionales de la ciudad.

En la jurisdicción civil, por ejemplo, el número de asuntos ingresados en los juzgados de Primera Instancia o de Familia crecieron en prácticamente un millar situándose en algo más de 13.600, una de las cifras más elevadas en los últimos años. Esto, sumado al que el número de asuntos resueltos durante este periodo se redujo respecto a 2022 (10.774 frente a 11.517), hicieron que la tasa de congestión de esta jurisdicción en Jerez aumentase. Se da la circunstancia de que 2023 cerró con los dígitos más altos en este índice de los últimos ejercicios.

Mientras tanto, en la vía penal disminuyó el número de asuntos ingresados, salvo en los tramitados por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que crecieron respecto al año precedente. La tasa de congestión tanto en los juzgados de Instrucción como en el de Violencia contra la Mujer crecieron respecto a los ejercicios precedentes.

La jurisdicción social continúa teniendo también una mayor carga de trabajo en Jerez. Los tres juzgados del partido judicial jerezano recibieron unos 3.500 asuntos, casi un centenar más que en 2022. En torno a un 30% de estos asuntos estaban vinculados a reclamaciones de cantidades mientras que las demandas por despido se redujeron respecto a 2022.

Los tres juzgados de lo Social resolvieron a lo largo del pasado año unos 2.400 casos, unos 700 menos que en 2022, una circunstancia que motivó que al finalizar el año hubiera más de 7.000 asuntos pendientes al finalizar. Este número de casos aún sin finalizar se ha duplicado desde 2019.

Finalmente, casi se duplicó el número de asuntos que ingresó el Juzgado de lo Contencioso de Jerez. Concretamente fueron 506, el número más alto desde 2019. Más de la mitad de estas diligencias fue por materias vinculadas a la función pública, que crecieron exponencialmente respecto a 2022. Le siguieron los asuntos de responsabilidad patrimonial y los de actividades sancionadoras de la administración. En cambio, el número de asuntos resueltos en esta jurisdicción se redujo respecto a 2022 (431 frente a 585).