Antes de subir la escalera del edificio que acoge la Delegación de la Junta en Huelva, esperaban que el problema estuviese solucionado. De lo contrario, habría "guerra" y la adopción de una medida límite: "Meternos en nuestras casas". Así lo comentaba ayer el presidente de la Asociación de Vecinos Marismas del Odiel, Matías Lazo, poco antes de reunirse -junto a otros vecinos- con el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, para abordar el desbloqueo de la entrega de las cien viviendas incluidas en el programa Casa por Casa.

Durante la reunión, la cuerda se tensó aún más. El acuerdo no se produjo y los vecinos se sintieron "defraudados". Porque López vino a Huelva con una alternativa bajo el brazo que no satisfizo a los beneficiarios de Santa Lucía: la posibilidad de acceder a las viviendas (en el caso de que no quieran solicitar la subvención correspondiente a la Junta por la que serían propietarios) mediante un arrendamiento asequible de 40 euros mensuales y que podría contemplar también la opción a compra en el futuro.

La Junta se enrocó en su posición bajo el amparo de que es la única vía posible dentro de la legalidad. López aseguró a los asistentes que para poder firmar el contrato de compraventa e instalarse en las nuevas viviendas ya construidas y sorteadas, las familias deben -como paso previo e ineludible- aceptar la solicitud de la subvención, concedida tanto por la Junta de Andalucía, que asume el 90%, como por el Ayuntamiento de Huelva, que se hace cargo del 10%.

En este sentido, señaló que los beneficiarios conocían que tenían que hacer frente a este impuesto: "Nosotros podíamos haber actuado sin advertirles y hubiéramos terminado con el programa: ahí tienen la subvención, las viviendas son suyas, y después, que venga Montoro y les diga que tienen un ingreso que declarar. Pero nosotros actuamos con absoluta lealtad tratando de anticipar un problema para que no tuvieran ese inconveniente o sorpresa", les dijo durante el encuentro.

En este sentido, el titular de Fomento y Vivienda les reiteró que la tributación fiscal de estas ayudas es una obligación con la Hacienda estatal, y excede por tanto el ámbito de competencias de la Junta, que no puede asumir como propia al tratarse de ayudas con carácter personal.

De este modo, dejó la pelota sobre el tejado del Gobierno central para que aplique exenciones o beneficios fiscales a los adjudicatarios por esas subvenciones que tendrán que pedir en el marco del programa Casa por Casa, de modo que puedan acceder a sus viviendas adjudicadas sin desembolsar los impuestos por el incremento patrimonial.

Al respecto, López recordó que pedirá al Gobierno que adopte "medidas excepcionales", ya que la Junta es "consciente de las dificultades económicas" que tienen para hacer frente a esas obligaciones fiscales, al tratarse de personas con recursos económicos escasos que, en muchos casos, responden a situaciones de especial vulnerabilidad social. El Parlamento de Andalucía debatirá una Proposición No de Ley próximamente que precisamente recoge esa petición del Ejecutivo andaluz al Estado. Una solicitud ante la cual López mostró su esperanza en que sea atendida por el Ministerio de Hacienda.

Ni las alternativas ni los razonamientos de la Administración autonómica gustaron a los vecinos, en pie de guerra y con la paciencia al límite tras la situación generada después de que el matrimonio de ancianos afectados el pasado viernes por el incendio de su vivienda, situada en la barriada de La Navidad, permanezca provisionalmente en una de las viviendas del Casa por Casa.

"El último recurso que tenemos es entrar en nuestras casas. Aguantaremos al máximo. Algunos podrán aguantar más pero otros no, tras cuatro años esperando y en esta situación", señaló Matías Lazo. A su juicio, falta voluntad política para resolver este problema y la Junta "se ha encerrado en una fórmula que alguien se ha sacado de la manga". Ante el inmovilismo de la Administración autonómica, los afectados no descartan entrar en las viviendas que les fueron adjudicadas por sorteo, pero de las que aún no son titulares. Lo harán si no ven alternativas. Y es que, según el portavoz, el programa se denomina Casa por Casa puesto que "los vecinos dejábamos nuestras casas y el terreno por otras casas; eso era lo acordado".

Lazo también señaló que pensaban que el consejero iba a venir "con algún tipo de subvención y solución", pero, a su parecer, la oferta de la Junta no les convence y tienen que valorar y estudiar con detenimiento la misma que, de entrada, les ha "defraudado". Lo harán en una asamblea que se celebrará esta tarde y durante la cual también analizarán qué medidas adoptarán ante una situación ante la que el alcalde de Huelva mostró su preocupación.

No en vano, Gabriel Cruz expresó antes del encuentro entre los vecinos y el consejero su deseo de que se alcance cuanto antes una solución. "Tenemos las viviendas y los adjudicatarios viven en una situación muy difícil y lo que tenemos que hacer es que los pasos sean decisivos para que de una vez por todas se dé satisfacción a una parte de esa vieja aspiración".