La presidenta de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Montserrat Comas, ha convocado para el próximo lunes una sesión extraordinaria de este órgano para estudiar la posible incoación de expediente disciplinario a dos de los jueces que intervinieron en el caso de la condena al presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, Santiago del Valle, por abusos a su hija.

La convocatoria se produce en previsión de que el próximo viernes exista ya una propuesta al respecto por parte de los Servicios de Inspección de este órgano, confirmó el portavoz del Consejo, Enrique López. La información previa incoada por la Inspección se dirige contra el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, y contra el magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla Javier González.

López informó hoy en rueda de prensa que la inspección de carácter disciplinario realizada a raíz del "caso Mari Luz" se extiende también a Javier González, el magistrado de la sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla que fue el ponente de la sentencia que confirmó la condena a dos años y nueve meses de cárcel impuesta a Santiago del Valle por abusos a su hija.

El CGPJ trata de aclarar si pudo incurrir en una falta grave de dilación, ya que tardó casi tres años en redactar la sentencia que rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa de Del Valle. Fuentes del Consejo señalaron que dicho tribunal tarda una media de cuatro meses en resolver los recursos de apelación.

"Hubo fallos en el sistema de inspección"

Asimismo, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) redactó hoy de forma unánime una declaración institucional "ante la gravedad de los hechos acaecidos en el ámbito procesal" en el que reconoce fallos en su sistema de inspecciones rutinarias en los juzgados y acuerda crear un grupo de trabajo para mejorarlo.  La Comisión concluyó por escrito que el actual sistema de inspecciones "debe ser mejorado" y acuerda crear un grupo de trabajo que revisará los criterios en vigor. 

Hasta ahora, cuando un inspector llega a un juzgado tan sólo revisa entre el cinco y el diez por ciento de las causas, que se escogen de forma totalmente aleatoria. En el caso del Juzgado Penal número 1 de Sevilla, la inspección realizada el pasado mes de noviembre, que fue "correcta" según López, no incluyó el expediente de Del Valle en la muestra escogida al azar por el inspector, por lo que no pudo detectarse que su condena todavía no se había ejecutado.

Según los datos de que se dispone en el CGPJ, el titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, al que también investiga el CGPJ por su responsabilidad disciplinaria en este caso, condenó a Del Valle el 15 noviembre de 2002 por los abusos a su hija, y en mayo de 2003 se fijó la fecha para la deliberación y fallo del recurso de apelación contra dicha condena en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla.

Pese a ello, la sentencia --de cuya redacción es responsable el ponente--, no se dictó hasta el 30 de diciembre de 2005. Por su parte, el juez Tirado, que era el responsable de ejecutarla, no ordenó la busca y captura del condenado hasta principios del pasado mes de marzo.

En su declaración institucional los cinco vocales de la Comisión Permanente del Consejo califican de graves los hechos "puestos de manifiesto por el avance de la investigación" desarrollada hasta el momento por los Servicio de Inspección disciplinaria en los órganos judiciales de Sevilla.

Por ello, instan a la Comisión Disciplinaria del propio Consejo a que se reúna "con carácter extraordinario a la mayor urgencia posible" para estudiar la apertura de un expediente disciplinario a los dos jueces citados. La reunión podría producirse el próximo lunes, pues se espera conocer propuesta del inspector este mismo viernes, según López.

Según el portavoz del CGPJ, el inspector no ha encontrado ningún tipo de responsabilidad de carácter disciplinario en la actuación del Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla, que condenó a Del Valle a otros dos años de cárcel por otro delito de abusos a una niña y dejó esta condena en suspenso. Dicha suspensión fue acordada conforme a lo señalado por el Código Penal, al no existir en ese momento ninguna condena firme contra Del Valle.

También se investiga la actuación de los órganos asturianos que dictaron una orden de alejamiento contra Del Valle por el acoso al que este sometió en Gijón a una muchacha de 13 años aunque, a falta de recibir más información, la inspección no encuentra de momento ninguna responsabilidad disciplinaria en este ámbito, según López.

Reforma de la inspección

Respecto del sistema de Inspección rutinaria, la declaración institucional señala que los actuales criterios establecen que en las visitas se realice un muestreo aleatorio de causas cuantificado entre un cinco y un diez por ciento de las que se tramitan en cada órgano judicial.

Con el estudio de este muestreo se elabora un informe en el que se describe el estado general del órgano judicial --en el caso del Juzgado de Tirado se hallaron retrasos en temas de ejecuciones en general--, y se realizan recomendaciones para mejorar la gestión.

Tras destaparse este asunto, la Comisión Permanente entiende que el sistema "debe ser mejorado para detectar con más profundidad aún los problemas de gestión que puedan existir en todo tipo de órganos judiciales".

Sistema mixto

A tal efecto, acuerdan forman un grupo de trabajo para revisar la Guía de Criterios en vigor,"entre cuyos objetivos deberá figurar el establecimiento de un sistema de selección de causas que, "dada la imposibilidad de revisión absoluta" de todas ellas, fije una selección adicional de asuntos que, "por su gravedad, naturaleza, urgencia o materia merezcan un examen prioritario y exhaustivo".

En esta selección, cuya concreción se deja al grupo de expertos, podrían incluirse como causas de inspección obligatoria las que correspondan a delitos de abusos de menores, al tratarse de casos en los que los autores suelen reincidir. López añadió que hace unos meses, el CGPJ firmó un contrato con una empresa privada dirigida a mejorar la auditoria de los Servicios de Inspección.

Finalmente, López reconoció que algunos de sus compañeros en el CGPJ pueden tener razón al criticarle por sus manifestaciones en favor de abrir un debate por la cadena perpetua, ya que al realizar esta reflexión, quizá no aclaró suficientemente que lo hacía de forma personal, y no como portavoz del CGPJ. "El Consejo no se ha pronunciado sobre este asunto", subrayó.