Nueva polémica abierta por los derechos mineros de la mina de Riotinto. Ante la presión ejercida por los trabajadores de Emed Tartessus para que los alcaldes (mayoría socialista) lideren la petición del traspaso de los derechos a la empresa, paso imprescindible según la Junta de Andalucía para la reapertura de la mina, el PSOE ha decidido trasladar la reivindicación e instar no sólo a los ediles, sino a todos los interesados en la reapertura, a salir a la calle a pedir los derechos.

La parlamentaria Susana Rivas transmitió este mensaje a los alcaldes en una reunión celebrada el pasado lunes, en la que también estaban presentes otros parlamentarios (entre ellos el portavoz socialista, Mario Jiménez) y delegados de la Junta. Rivas invitó a los afectados a pedir la transmisión de los derechos del subsuelo. El propio delegado del Gobierno andaluz, Manuel Alfonso Jiménez, aseguraba ayer en declaraciones recogidas por Europa Press que mientras la empresa Emed Tartessus no cuente con los derechos mineros, "no hay posibilidad de continuar el proceso administrativo" para la puesta en marcha de la mina.

Preguntado en rueda de prensa, el delegado indicó que sin esos derechos "el resto de la tramitación, desde el punto de vista administrativo, no es posible". La empresa inició los trámites para retomar la explotación en 2007 y topó con el último propietario, la Comisión Liquidadora de Mina de Riotinto (ya que la empresa se encuentra en proceso concursal). Tres de sus seis miembros ya han firmado la cesión de los derechos, pero, según explicó el delegado, es necesaria otra firma más. La propia empresa ya anunció en su día que, en el caso de que no se resuelva este asunto de forma favorable en un periodo razonable de tiempo, recurrirá a la vía judicial para la emisión de la firma requerida.

Frente a esta postura expresada por la Junta de Andalucía, el secretario general de UGT- Huelva, Jorge Puente, aseguraba ayer que "en manos de la administración andaluza está rescatar los derechos mineros, los cuales nunca deben ser privados, y ponerlos a disposición de la comarca de Riotinto". Puente señaló que estos son "derechos universales que deben ponerse a disposición del interés general y no para un beneficio personal". En este sentido, "la solución del conflicto de Emed Tartessus está en manos Junta de Andalucía y, por lo tanto, es ella quien debe rescatar los derechos mineros".