LA decisión del Ministerio de Medio Ambiente de dar luz verde al proyecto de restauración de las balsas de fosfoyeso presentado por Fertiberia es un paso más en el proceso de recuperación de un espacio público de la ciudad. En este punto es obligado ser precavidos a la luz de las matizaciones hechas por el propio Ministerio y de los informes elaborados al respecto por el Instituto Geológico y Minero (IGME) y la Empresa para la gestión de Residuos Industriales (Emgrisa). De forma esquemática, Fertiberia se compromete a eliminar el agua de las balsas y controlar las escorrentías, colocar sobre el terreno una capa de polietileno de alta densidad y cubrirla con arcilla y tierra para, finalmente, reforestar la zona. El IGME y Emgrisa instan, además, a instalar una escollera para minimizar los efectos de un posible tsunami y elevar los parámetros del plan de vigilancia ambiental. Hay que poner el acento en estos últimos aspectos. Diversos estudios ponen de relieve la posibilidad de que la Bahía de Cádiz sufra un maremoto como el ocurrido en 1755, por lo que es preciso que la actuación que se desarrolle en las balsas garantice la estabilidad del talud y prevea la colocación de escolleras para evitar que el fosfoyeso se desplace hacia la ciudad. De otro lado, no hay que olvidar que, aunque el fosfoyeso es un subproducto utilizado en ocasiones como corrector de suelos, en las balsas se han detectado también sustancias muy peligrosas ante las que es obligado tomar medidas. Huelva Información desveló en septiembre del año pasado la presencia de arsénico, cadmio, uranio y zinc en las aguas que se vierten al estuario del Tinto, tanto desde las balsas en proceso de clausura -400 hectáreas- como desde las supuestamente selladas hace años con escombros, que ocupan alrededor de 800. Así lo pusieron en evidencia los informes del profesor Rafael Pérez López, los cuales han tenido, sin embargo, escasa repercusión en las administraciones implicadas.

Hay que estar atentos también a otros dos puntos. Uno: queda en el aire la restauración ambiental de 480 hectáreas sobre las que las que Fertiberia no prevé actuar y cuya competencia, al menos sobre el papel, corresponde a la Autoridad Portuaria de Huelva como titular de esos suelo. Dos: la imposibilidad de hacer un uso público del terreno teóricamente restaurado durante, al menos, los próximos 30 años. ¿No hay ninguna alternativa al proyecto presentado para no tener que aguardar ese plazo?

Huelva requiere que se le pague la deuda histórica que se tiene con ella contraída, que su seguridad quede garantizada, que sobre su imagen en el exterior no recaigan más sombras de sospecha y que se le devuelva un patrimonio que nunca debió de serle arrebatado.