Agónica cuenta atrás. El Ayuntamiento de Huelva, propietario del Recreativo, trabaja a contrarreloj para encontrar la financiación necesaria para abonar la deuda que tiene el club con su plantel de futbolistas. El plazo expira mañana a las 12:00 y en el caso de no ser saldada supondrá el descenso administrativo a Tercera División. Las horas van pasando y la inquietud crece entre los aficionados albiazules, pese a los mensajes de calma que se han lanzado desde el Consistorio.

El Decano debe 603.000 euros a su personal deportivo, cantidad fijada por la Comisión Mixta de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que es el órgano que tramita y resuelve las denuncias por impagos tanto de la Segunda División B como de Tercera, ya que este año hay que incluir las cantidades que se adeudan no sólo a la primera plantilla, sino también a los componentes del filial recreativista. A la cuantía de la temporada 2016-17 se suman también deudas de futbolistas que estaban reclamadas por otros cauces y que al encontrarse ya en vía ejecutiva han sido admitidas en este ejercicio por la AFE.

Tras el fallido intento de compra del club de Moody Investments, sociedad encabezada por Vicente Simón, desde el Consistorio de la capital onubense se ha activado un plan B para sortear este primer escollo. Para ello se está trabajando en encontrar una vía de financiación externa, algo que según aseguró el martes el portavoz del equipo de gobierno municipal, Manuel Gómez, "está muy avanzado". El alcalde, Gabriel Cruz está participando activamente en las negociaciones para articular los mecanismos necesarios y encontrar una solución.

El Ayuntamiento no sólo trabaja en saldar la deuda reclamada por la AFE. También lo hace para encontrar un aval de 200.000 euros necesario para inscribir al equipo para competir la próxima campaña 2017-18 en Segunda B.

Luego, para que el Decano empiece a respirar con normalidad, es necesario abonar las deudas contraídas con sus trabajadores (más de 789.000 euros), llegar a un acuerdo con Hacienda para levantar el embargo que pesa sobre el club por parte de la Agencia Tributaria (para lo que hacen falta 6,8 millones) y pagar la parte correspondiente del concurso de acreedores (este año son 400.000 euros).

En las últimas horas está cobrando fuerza la posibilidad de que un grupo empresarial muy relacionado con el fútbol, asesorado por Fran Canal y en el que estarían Manuel Vízcaíno y un hijo de José María del Nido, tome las riendas de la gestión deportiva del club mientras que el Ayuntamiento seguiría siendo el propietario.