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El sorteo del jurado popular que enjuiciará al acusado del doble crimen se celebra hoy

  • La vista oral comenzará el próximo 6 de septiembre

  • El fiscal y las acusaciones particulares solicitan hasta 50 años de cárcel, la pena máxima, para el encausado

Francisco Javier Medina, en el momento de su detención.

Francisco Javier Medina, en el momento de su detención. / h. información

El próximo 6 de septiembre es la fecha fijada para el inicio del juicio del doble crimen de Almonte en el que en abril de 2013 murieron una menor de ocho años y su padre. En la vista oral será juzgado Francisco Javier Medina, que se encuentra en prisión como presunto autor desde junio de 2014 y que mantenía una relación sentimental con la madre y expareja de los fallecidos, Marianela Olmedo, cuando ocurrieron los hechos.

Según informó a este diario el abogado de la acusación particular, hoy mismo será el sorteo del jurado popular que deberá decidir si el único acusado por estos hechos es culpable o inocente. La vista se celebrará durante varias jornadas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva.

La defensa asegura que la participación del detenido en los hechos no está demostrada

La Fiscalía solicita 50 años, la máxima pena, por dos delitos de asesinato (25 por cada uno), para el acusado, así como el pago de una serie de indemnizaciones para la expareja y madre de la niña, y para los padres del fallecido, así como el alejamiento y la prohibición de aproximarse y comunicarse con estas personas por cualquier medio a una distancia no inferior a 500 metros durante diez años.

La petición de cárcel es compartida por las dos acusaciones, la ejercida por la madre y ex pareja de los fallecidos y la que representa a los padres y abuelos de los mismos por dos delitos de asesinato con los agravantes de superioridad y aprovechamiento de las circunstancias de tiempo y lugar, abuso de confianza y parentesco.

La acusación ejercida por la expareja y madre de la niña pide por cada delito la pena diez años de privación del derecho a residir o acudir al lugar donde resida esta mujer y la prohibición de aproximarse y comunicarse con ella por cualquier medio de comunicación o informático, así como una indemnización por parte del acusado hacia ella de 250.000 euros en concepto de daños y perjuicios, incluyendo el daño moral ocasionado.

La acusación ejercida por los padres y hermano del fallecido solicita además de la pena de cárcel, doce años de privación del derecho a residir o acudir al lugar donde residan estas personas y la prohibición de aproximarse y comunicarse con las mismas, así como una indemnización de 300.000 euros a los padres de la víctima.

La defensa pide la libre absolución del acusado, al considerar que no puede ser calificado autor de los hechos por cuanto no resulta probado, en forma alguna, su intervención en los mismos sin que resulte desvirtuada la presunción de inocencia que le ampara.

La defensa ha solicitado la libertad en varias ocasiones del presunto autor, una libertad que fue denegada hasta tres veces. La última vez por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, al considerar que existen "indicios suficientes y contundentes" contra el acusado para mantenerle preso.

Según relata el fiscal en su escrito, el acusado el 27 de abril de 2013, antes de las 22:00, se desplazó hasta el domicilio de Miguel Ángel Domínguez, con cuya exesposa mantenía una relación sentimental desde hacía años, con el ánimo de acabar con su vida movido por los celos.

Una vez allí, inició una discusión con la víctima, que acababa de salir de la ducha para ir a cenar con su hija, y durante la misma, valiéndose de un cuchillo que portaba, "comenzó a asestarle puñaladas por todo el cuerpo de forma indiscriminada, causándole 47 heridas" y la muerte.

En el citado domicilio también se encontraba la hija de éste y de la que era su pareja, de ocho años de edad, con cuya vida también decidió acabar al objeto de que no lo delatara, ya que la menor había presenciado los hechos previos. Le asestó de forma repetida y por todo el cuerpo múltiples cuchilladas causándole 104 heridas.

El fiscal considera que el acusado, una vez cometidos los hechos, abandonó la citada vivienda, mientras que los cuerpos sin vida fueron encontrados dos días después, el 29 de abril, por el abuelo materno de la niña.

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