golfo de cádiz

El sector de la chirla demanda un nuevo plan que regule la pesquería

  • las cofradías, los armadores y la Junta abordan mañana en Sevilla el tema de las ayudas

Marineros de la chirla de Punta Umbría e Isla Cristina se concentraron ayer ante la Delegación de Pesca. Marineros de la chirla de Punta Umbría e Isla Cristina se concentraron ayer ante la Delegación de Pesca.

Marineros de la chirla de Punta Umbría e Isla Cristina se concentraron ayer ante la Delegación de Pesca. / alberto domínguez

El sector de la chirla quiere una nueva regulación para la pesquería del Golfo de Cádiz. Armadores y marineros se concentraron ayer ante la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo rural para pedir ayudas "dignas y urgentes" a la Junta de Andalucía para paliar la medida del cierre.

El presidente de la Federación Andaluza de Cofradía de Pescadores (Facope) y patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Punta Umbría, Manuel Fernández, detalló que éste el segundo cierre en dos años que afecta al sector y que llega en un mal momento, ya que sólo han podido faenar poco más de seis meses, después de un paro anterior de ocho.

La intención es que los barcos puedan volver a faenar lo antes posible

Fernández recordó que en el anterior cierre no contaron con ayudas, por lo que son muchos los trabajadores que ya no cuentan con prestación por desempleo, por lo que reiteró la importancia de que la Junta dé unas ayudas "dignas, de manera rápida y lo más altas posibles, porque "no podemos permitirnos estar otro siete y ocho meses sin tener ni siquiera subsidio". En este sentido, el presidente de Facope valoró "el compromiso" del consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, de intentar que las ayudas fueran de la mayor cuantía posible dentro de lo que marca la ley.

Fernández explicó que otra de las reivindicaciones del sector es una nueva orden de regulación de las capturas, acordada por la administración, las científicos y los mariscadores, ya que la última normativa aprobada "no ha aportado ninguna solución y ha conducido al colapso actual y al cierre de la pesquería.

El también patrón mayor de la cofradía de Punta Umbría recriminó a la Consejería que no haya tenido en cuenta las propuestas del sector con el resultado de tres cierres del caladero en 2011, 2017 y 2018, que afectan a más de 1.500 familias, entre puestos de trabajos directos e indirectos.

Por tal motivo, cofradías y armadores reclaman la dimisión de la director general de Pesca de la Junta de Andalucía, Margarita Pérez.

En términos similares se pronunció el patrón mayor de la Cofradía de Isla Cristina, Mariano García, se mostró convencido de que el cierre es consecuencia de una mala gestión administrativa y una mala política pesquera y criticó que la Consejería "haya cerrado las puertas al sector", por lo que demandó "diálogo" para que se produzca "un cambio" en el modelo de gestión.

García subrayó que las propuestas del sector pasan por una división de zonas más amplia o establecer topes de capturas y no de horarios.

Por su parte, el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Pedro Pascual Hernández, informó de que el caladero está cerrado desde el pasado lunes después de la resolución de la Junta publicada en el BOJA.

El delegado aseguró que la Junta agilizará lo antes posible los trámites para que armadores y marineros reciban las ayudas lo antes posible, de ahí que esté convocada para mañana una reunión en Sevilla en la que se abordará la cuantía de las mismas.

Hernández reitero que el cierre se debe a un informe de los científicos que establece que el marisqueo en estos momentos no es posible ni de forma sostenible para la flota que faenan en el Golfo de Cádiz, compuesta por 96 dragas hidráulica.

"Desde la Consejería estamos muy sensibilizados con el tema, de manera que mantendremos reuniones constantes y permanentes con el sector para que tenga la máxima información sobre las decisiones que se tomen para que el caladero se abra lo antes posible, con una gestión sostenible para que el sector pueda trabajar de la manera más idónea", indicó el delegado.

En esta misma línea se pronunció en rueda de prensa el delegado de la Junta en Huelva, Francisco José Romero, que incidió en que el cierre del caladero era "necesario" debido a los datos de los informes científicos y trasladó al sector que "comparte su preocupación" pero que el cese de la actividad era "la única opción" para "poder preservar la especie y poder mantener los ratios de calidad que el mercado demanda".

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