El censo de lince ibérico en Andalucía y la Península Ibérica de 2017, realizado sólo al 90%, tanto por el número de ejemplares que ha de controlar como por la extensión de la superficie en la que viven los linces, ha arrojado como datos provisionales un recuento total de 547 ejemplares, de los que 402 estaban en territorio andaluz.

Así lo indicaron el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, y el director del programa LIFE+Iberlince, Miguel Ángel Simón, que señaló que las estimaciones apuntan, basándose en el criterio del número de individuos maduros (no el de hembras territoriales que prefiere el programa) que maneja la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que la comunidad andaluza está en torno a los 250, cifra requerida por el organismo y que debe mantenerse durante cinco años para que el lince pueda ver reducida su categoría de riesgo.

De esta manera, si hasta 2023 se mantienen los actuales guarismos (el objetivo declarado del proyecto es el de garantizar la estabilidad de las áreas de reintroducción no andaluzas, es decir, las más recientes, y promover la conexión entre las mismas para fomentar la variabilidad genética), el lince podría ver rebajada su categoría de en peligro de extinción a vulnerable, después de que ya en 2015 se lograra una primera reducción del riesgo desde el peligro crítico de extinción. La Junta estima que la cifra total podría superar en la Península los 570 ejemplares, a pesar de que a principios de siglo "muchos pensaban que la situación sería irreversible", dado que el número no llegaba al centenar, con presencia sólo en Andalucía.