El Juzgado de lo Penal 4 de Huelva celebra hoy la sesión definitiva del juicio que se sigue contra tres empresarios de Moguer -propietarios de la finca Las Posadillas- y el arquitecto municipal de la localidad por prevaricación y por un delito de construcción ilegal en suelo de especial protección, por los que la Fiscalía solicita la imposición de una pena global de 19 años de prisión.

Tal y como consta en el escrito de la acusación pública, al que ha accedido Huelva Información, los dos inculpados principales son M.D.R. y J.A.D.R., quienes fueron condenados en octubre de 2010 y en el marco de la operación Canteras a un año y medio de prisión (más multas) y a presentar un plan de restauración de las explotaciones agrícolas Las Posadillas y Pino Flandes, en las que habían edificado cinco casas de madera, una balsa y diversos pozos sobre suelo de especial protección.

Dos de los cuatro acusados ya fueron condenados en la operación Canteras

Pero no llegaron a hacerlo. Es más, el fiscal refiere que ambos "dilataron todo lo posible" la ejecución de la sentencia "para incumplir la responsabilidad civil, conseguir la prescripción de las penas y seguir obteniendo beneficios económicos" de estas explotaciones freseras.

Cuando en agosto de 2014 fueron requeridos por la Justicia para la inmediata retirada de la balsa y de los bungalós de madera -donde vivían una treintena de temporeras-, se conchabaron presuntamente con la esposa de J.A.D.R. (también encausada), representante legal de Los Arenales de Mazagón SL, que es la empresa que explota la finca Las Posadillas. Su fin, a juicio del fiscal, era "aparentar que cumplían con el requerimiento judicial y obtener así la suspensión o sustitución de las penas de prisión", simulando el cumplimiento del mandato judicial.

Fue ella, relata el Ministerio Público, la encargada de presentar en octubre de 2014 una solicitud general en el Ayuntamiento de Moguer, determinando que las casas serían demolidas y que se ubicarían unos metros más allá. Así, la empresaria pedía licencia de obras para construir la plataforma de hormigón sobre la que volver a levantar las viviendas.

A finales de aquel octubre, en apenas cinco días, el cuarto acusado, arquitecto municipal en Moguer, emitió un informe desfavorable en el que hacía referencia a que "la solicitud venía motivada por el cumplimiento de sentencia judicial" y le requería más información (planos, justificación de las edificabilidad de las casetas o presupuesto). Sin embargo, dice la acusación pública, los tres empresarios "se concertaron con el arquitecto municipal para que cambiase su informe" a favorable, de modo que pudieran obtener la licencia y "amparar lo que ya se estaba ejecutando". No consta, eso sí, que el funcionario recibiese dinero por ello.

En noviembre de 2014 presentaron una nueva solicitud general en el Ayuntamiento y aportaron la documentación complementaria. El arquitecto municipal, "plenamente consciente de su ilegalidad y sin consultar con el juzgado, emitió nuevo informe en sentido favorable, y donde omitía que la parcela donde se pretendían ubicar las viviendas se encontraba en suelo especialmente protegido por estar en la Zona B del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad). Además, éstas incumplían la normativa municipal por ser "de madera de estilo rústico-montañés dispuestas junto a las ya existentes", al tiempo que vulneraban la servidumbre de luces y vistas. El traslado de cuatro de ellas "fue constatado con anterioridad a la concesión de la licencia", en octubre concretamente.

Ante estos hechos, el Ministerio Público solicita dos años de prisión para M.D.R. y J.A.D.R. por un delito de prevaricación urbanística y multa de 3.780 euros. A ello agrega otro delito, el de construcción ilegal, y les aplica la agravante de reincidencia, por lo que pide que se les imponga una pena de tres años de reclusión, sanción de 5.400 euros y la inhabilitación especial para promover o construir cualquier obra durante cuatro años.

La tercera en discordia se enfrenta a dos años por prevaricación y otros dos por construcción ilegal, con una multa global de 7.560 euros. Para el arquitecto la Fiscalía reclama tres años por prevaricación y 10 años de inhabilitación como arquitecto en cualquier administración pública. Por el delito de construcción ilegal le pide otros dos años. La solicitud de multa asciende a 7.560 euros.

El alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, y el secretario municipal de la localidad participarán hoy en la vista oral en calidad de testigos, aunque fueron investigados al inicio del procedimiento.