Cortegana

Los acusados por los sucesos de Las Eritas niegan haber participado en los hechos

  • El primero en prestar declaración ha sido el alcalde de Cortegana, Antonio Marín, quien ha afirmado que la manifestación fue convocada por el Ayuntamiento a petición de unos vecinos que pedían más seguridad tras la muerte de Mateo Vázquez.

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Los acusados por los altercados racistas contra el colectivo gitano registrado el 16 de enero de 2005 en la barriada de Las Eritas de Cortegana, entre ellos su alcalde, Antonio Marín (IU), han negado esta mañana su participación en unos hechos que no han reconocido.

El juicio por estos sucesos ha comenzado en torno a las 12:30 horas en el Penal 2 de la Audiencia Provincial de Huelva, bajo una fuerte presencia policial y está previsto que se prolongue hasta la tarde de mañana.

Los altercados por los que son procesadas personas, y que hoy no han reconocido, dando por hecho, por tanto, su inocencia, sucedieron el 16 de enero de 2005, cuando una manifestación en protesta por la muerte de un vecino del lugar, Mateo Vázquez, acabó con unos incidentes en los que un grupo de alborotadores atacaron varias viviendas habitadas por vecinos de etnia gitana.

A todos ellos se les acusa de delitos de desórdenes públicos y otro continuado de daños, cargos por los que la Fiscalía solicita un año y nueve meses de prisión así como la pena de multa de 18 meses, a razón de seis euros por cada cuota diaria.

En el transcurso de la primera sesión, Juan de Dios Ramírez Heredia, uno de los abogados de la acusación, ha entregado al titular del Juzgado un panfleto que según ha comentado ha sido distribuido entre la ciudadanía, en el que "se hace un llamamiento a los ciudadanos que tengan problemas con gitanos a que acudan hoy al Palacio de Justicia" y ha pedido que se adopten las medidas oportunas.

Tras negar los acusados su participación en los hechos y visualizar una serie de grabaciones a petición de la acusación sobre lo sucedido el 16 de enero de 2005 en Cortegana, se ha procedido al inicio de las declaraciones.

El primero en hacerlo ha sido el alcalde de Cortegana, Antonio Marín, quien ha explicado que la manifestación fue convocada por el Ayuntamiento a petición de unos vecinos que reclamaban más seguridad tras la muerte de Mateo Vázquez.

Ha precisado que el recorrido de la misma estaba fijado y que no incluía la barriada de Las Eritas ni el cuartel de la Guardia Civil, al tiempo que ha indicado que él achacó, en principio, a una confusión el que algunos de los manifestantes continuarán con la protesta y no la finalizaran donde estaba previsto, la Plaza de la Esperanza.

También ha señalado que nadie le expresó que la inseguridad que se vivía en el pueblo proviniera del colectivo gitano y ha apuntado que no requirió medidas de seguridad especiales antes de la celebración de la manifestación porque no lo consideró necesario.

En la manifestación del 16 de enero de 2005 en Cortegana participaron unos dos mil vecinos, de los cinco mil que tiene el municipio, algunos de los cuales se dirigieron a la urbanización en donde viven unas 250 personas de etnia gitana.

Los manifestantes apedrearon puertas y ventanas de las casas y quemaron balas de paja y otros objetos, además de proferir gritos como "asesinos", "cobardes" y "no queremos asesinos en este pueblo".

La Unión Romaní pide que "caiga todo el peso de la Ley en los culpables"

Por otro lado, el secretario general de la asociación Unión Romaní en Andalucía, Manuel García Rondón, pidió hoy que "se haga justicia" y que "caiga todo el peso de la Ley sobre los responsables de los sucesos de Las Eritas".

En declaraciones a los periodistas, García Rondón pidió "que nadie se tome la justicia por su mano", reivindicando que los gitanos "somos ciudadanos de este país", tras lo que puntualizó que en Cortegana "ya se han producido varios sucesos parecidos a éste".

En este sentido, señaló que "no es una cuestión económica, sino moral y de reposición del daño producido", pues, según relató, él mismo estuvo en Cortegana el día de los hechos y destacó el "pánico que embargaba al colectivo gitano de la localidad". Igualmente, mostró la "voluntad del colectivo de olvidar, perdonar y vivir en paz y armonía," aunque confió en "que haya un antes y un después de este juicio".

Por su parte, el presidente de Unión Romaní y abogado de la acusación particular, Juan de Dios Ramírez Heredia, apostó por "el efecto ejemplarizante que debe tener siempre la justicia, con el objetivo de que hechos como éste no vuelvan a suceder más".

En concreto, aseguró que el alcalde Cortegana "no es culpable moral porque no quería que se cometieran los hechos, pero sí tiene una responsabilidad formal, pues tenía que haber puesto todos los medios a su alcance para evitarlos".

Por último, anunció que la primera actuación que llevará a cabo durante la vista será "mostrar un panfleto con la convocatoria de la mencionada manifestación en el que se llamaba a la 'movilización de todos los ciudadanos para el día de hoy contra el colectivo gitano' e incluía un teléfono", aunque emplazó al juicio para dar "más detalles" acerca de este documento.

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