Suspenso para la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Esa es la nota que WWF ha otorgado a la Administración autonómica después de analizar qué medidas se han cumplido y cuáles no de las fijadas a corto plazo en el Plan Especial de la Corona Forestal de Doñana, conocido popularmente como Plan de la Fresa, del que destaca que más del 80% de estas iniciativas no ha sido completamente ejecutado en los cinco primeros años establecidos para ello.

Así, hasta diciembre de 2019 han quedado por culminarse apartados tan relevantes como la eliminación de las fincas en situación irregular fuera de suelos agrícolas regables o la recuperación de superficie forestal transformada sin permiso a cultivos bajo plástico. Además, el informe concluye que no se ha reducido la superficie de regadíos ilegales y tampoco se ha avanzado en la implementación de la red de corredores ecológicos.

El Plan Especial fue aprobado por el Consejo de Gobierno andaluz en 2014 con el objetivo de reordenar el territorio mediante la regularización de las fincas consideradas como superficie agrícola regable, pero también obligaba a eliminar la superficie regada sin permiso, incluyendo las explotaciones transformadas de secano a regadío en los últimos años y de índole forestal, estimada según WWF en más de 1.600 hectáreas.

Pese a la situación "crítica" y de emergencia del acuífero 27 "y el asedio de los cultivos bajo plástico", WWF denuncia en su informe presentado esta mañana a la prensa en el hotel Tartessos que la Junta de Andalucía no ha eliminado 1.653 hectáreas de cultivos irregulares y que estas se siguen regando "sin permiso, con la afección que eso supone al acuífero y al Parque Nacional de Doñana", como ha expresado el coordinador para Doñana de WWF España, Juan José Carmona.

El responsable de Proyectos de Aguas y Agricultura de WWF España, Felipe Fuentelsaz, ha señalado por su parte que "tampoco se han eliminado las 335 hectáreas de superficie agrícolas de regadío cultivadas en suelo forestal catalogado con la máxima protección, zona A". Todo ello a pesar de la denuncia interpuesta por la organización ecologista y las actuaciones de los agentes ambientales de la propia Junta de Andalucía, "que ven cómo los expedientes por delitos ambientales caducan en la propia Delegación".

El informe, además, concluye que la superficie de regadío no ha disminuido. "Mientras con fondos públicos se compraba la finca de Los Mimbrales, que supuso la eliminación de 889 hectáreas de regadío legales del Plan Especial, la Consejería ha permitido que la cifra de superficie de regadío aumente de forma considerable", esta vez en la zona Tinto-Odiel-Piedras, donde ha autorizado el riego de 1.019 hectáreas, la mayor parte de ellas concentrada en Moguer.

Esta situación, a juicio de Carmona, "está generando una burbuja del agua que está llevando a Huelva a solicitar nuevas infraestructuras para aumentar las extracciones hídricas" en el estuario del Guadiana, algo que "acabará explotando".

Los intervinientes de WWF remarcan que "la Junta tampoco ha hecho nada para la creación de los corredores ecológicos para asegurar la conectividad de Doñana, al actuar solo en zonas donde el conflicto de recuperación de cauces por cultivos bajo plástico no es un problema", pero dejando fuera áreas más delicadas como el arroyo de La Cañada, "que tenía más de 30 balsas". Tampoco ha modernizado la red piezométrica para medir el nivel y controlar la calidad de las aguas subterráneas y superficiales.

Como puntos positivos, la organización reconoce los esfuerzos de los agentes ambientales de la Junta de Andalucía y de la guardería fluvial de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, "por su trabajo en campo, aunque a veces los resultados no son los esperados", han explicado.

En ese sentido, Carmona y Fuentelsaz han señalado que el cierre de pozos ilegales no ha tenido como consecuencia la contracción de la superficie de regadíos, algo que puede observarse, por ejemplo, en Lucena del Puerto, lo que certifica "que algo falla". Por otro lado, los agentes ambientales de la Junta de Andalucía han tramitado un total de 151 expedientes sancionadores, algunos de los cuales han caducado.

Asimismo, han destacado como positivas las acciones de la Administración para el acondicionamiento de puntos de acopio de residuos agrícolas, algo negativo durante muchos años a lo que "por fin se ha puesto solución, aunque no hay un plan claro que garantice su limpieza en el futuro, velando para que no vuelva a ser usado como centro de acopio".

“La situación del acuífero de Doñana es desesperada y los cultivos ilegales no dejan de crecer mientras las administraciones incumplen flagrantemente el Plan de la Fresa y el clima de impunidad reina en Doñana”, ha afirmado por su parte Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España.

A ello ha sumado que "reclamamos a la Junta de Andalucía la creación de una Oficina Técnica del Plan Especial de la Corona Forestal y un presupuesto específico para aplicarlo o de lo contrario la reputación de las fresas de Doñana siempre estarán bajo sospecha dentro y fuera de España”.

“Exigimos acciones concretas para abordar el cierre de todas las captaciones no regularizables, así como la superficie regada sin permiso, la recuperación de los montes públicos y otras zonas forestales ocupadas así como la implementación de los corredores ecológicos”, ha reclamado Juan Carlos del Olmo.