El rocío

El Supremo confirma la condena a Pacheco por la casa hermandad de Jerez

  • El exalcalde jerezano pagó con dinero público unas obras del inmueble rociero

  • El tribunal absuelve al ex hermano mayor y a un exconcejal

  • Ratificada la pena para otros tres acusados

Pedro Pacheco, durante una de las sesiones del juicio.

Pedro Pacheco, durante una de las sesiones del juicio. / pascual

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 20 meses de prisión y 13 de inhabilitación para cargo público para el exalcalde de Jerez de la Frontera, Pedro Pacheco, por pagar con dinero público las obras de la casa de la Hermandad del Rocío de la localidad gaditana en Almonte, según la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico.

El Supremo confirma la sentencia y la condena que le impuso la Audiencia Provincial de Cádiz al considerar que, para sufragar estas obras, cuando era delegado de Urbanismo del Ayuntamiento, Pacheco cometió los delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil y de fraude a la administración. También ratifica la sentencia contra R.R.G., J.B.P. y L.C.S.

El exregidor está condenado por prevaricación, falsedad en documento y fraude

Pacheco financió una remodelación del inmueble que la hermandad jerezana tiene en la aldea almonteña a través de fondos municipales destinados inicialmente a una serie de obras menores en barrios de la ciudad gaditana.

La acusación sostuvo que primero se hizo un proyecto para una obra mayor, de casi 300.000 euros, bajándose después a 77.000, y que incluso se proyectó demoler la casa de hermandad y construir otra nueva.

Pacheco negó durante el juicio su vinculación con la casa hermandad del Rocío de Jerez y aseguró que el constructor que hizo los trabajos "se tiró a la piscina sin ningún papel" pensando que podría cobrar al ser el Ayuntamiento uno de sus clientes. No obstante admitió que tuvo contactos con la junta de gobierno de la hermandad, pero que no visitó las obras, sino que realizó una marcha por el coto y la playa. Por su parte, el constructor que hizo la obra, José Grimaldi, confesó que duplicó facturas.

El Supremo estima parcialmente los recursos presentados por el ex hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Jerez, Francisco Gómez Rodríguez, que fue condenado a seis meses de prisión, y por el exconcejal Antonio Sánchez, condenado a ocho meses de cárcel, y les absuelve al entender que los delitos de los que estaban acusados están prescritos.

La sentencia de la Audiencia Provincial, confirmada ahora por el Supremo, estima que en 2007, cuando Pacheco era primer teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, decidió financiar estas obras con dinero público de "forma ilegal". Para ello articuló un mecanismo encaminado a que el constructor, José Grimaldi (condenado por estos hechos a nueve meses de prisión), facturase obras menores en los distritos norte y sur de la ciudad que ni siquiera llegaron a ejecutarse.

Grimaldi llegó a presentar ante el Ayuntamiento 119 facturas por un importe total de 446.097 euros para tratar de cobrar las obras ejecutadas en la casa de El Rocío, cuyo coste no superó los 123.627 euros.

La ejecución de estas obras coincidió con la salida de Pacheco del gobierno local una vez que el PSOE ganó con mayoría absoluta las elecciones municipales de mayo de 2007.

La fiscalización de la Gerencia Municipal de Urbanismo detectó un buen número de irregularidades, entre ellas la ausencia de las certificaciones, la falta de conformidad y la duplicación de facturas, por lo que el pago de las facturas de las obras de la casa de El Rocío quedó paralizada.

Este es uno de los casos que afectan al exalcalde de Jerez, encarcelado desde el 24 de octubre de 2014 para cumplir una condena de cinco años y medio de prisión por delitos relacionados con la contratación en 2005 de dos compañeros de partido en empresas municipales.

El pasado mes de febrero, el Tribunal Supremo confirmó también la condena de un año y medio de cárcel y 13 años de inhabilitación para el exalcalde de Jerez de la Frontera por delitos de prevaricación en concurso medial con delito de fraude a la Administración relacionados con la venta de la antigua estación de autobuses de la localidad, en el año 2005.

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