El PSOE acusa al equipo de Gobierno de irregularidades urbanísticas

  • El portavoz socialista advierte al alcalde de que toma decisiones similares a las que le llevaron a él al juzgado · El Ayuntamiento urbanizó una vía antes de llevarlo al Pleno

El desarrollo de los plenos en Bollullos podría ser asignatura optativa en la carrera de derecho e incluso un posgrado sobre legislación en materia urbanística. La sesión de ayer fue toda una lección sobre los vericuetos legales que ofrece la legislación para aprobar modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (Pgou), cambios en la catalogación de suelo e indemnizaciones económicas en favor del Ayuntamiento por el valor del 10% de suelo que debieron ceder en su día los propietarios de la calle Romeral. Este fue, sin duda, el punto más controvertido del día, ya que dicha vía fue urbanizada por mandato del equipo Gobierno (Independientes por Bollullos y PP) antes de ser aprobada en Pleno.

El portavoz socialista, Carlos Sánchez, acusó al alcalde, Francisco Díaz, de llevar a cabo esta actuación "sin mediar expediente de adjudicación y sin que el propio arquitecto municipal lo supiera". El socialista considera que se trata de un calco de la actuación por la que se le acusa de prevaricación en el caso del recinto ferial. Para más inri, Sánchez añadió que en el caso que nos ocupa se vulneró la volumetría edificable ya que los propietarios no aportaron el 10% para suelo público. En función de este análisis, alabó la determinación del equipo de Gobierno de aprobar la propuesta, si bien cuestionó que la "legalidad urbanística pueda venir determinada únicamente por el número de ediles que levantan las manos en un Pleno". A renglón seguido su compañera de filas, Rosario Rosado, tomó el testigo para denunciar que IB y PP también ordenaron construir una nave industrial en suelo rústico que fue levantado por la empresa municipal Bubulca. El equipo de Gobierno pasó de puntillas sobre la cuestión y el portavoz popular, Francisco Martín, insistió en que en los últimos años han sido ellos quienes han tenido que "arreglar los desaguisados" heredados de los socialistas.

La polémica tornaría tras aprobar la cámara la legalización de una construcción para la explotación ganadera en suelo rústico que opera en el municipio. Nuevamente, el PSOE utilizó este tema para defenderse de las causas judiciales pendientes cuestionando las razones por los que no se sigue el mismo procedimiento para legalizar infraestructuras como el recinto ferial, que mediante la invocación de la figura de utilidad pública permitiría acabar con el conflicto.

El PP contraatacó afirmando que existen "matices" como el hecho de que "la inversión de dos millones de euros se realizase en suelo privado y de ellos 1,5 millones no fueran abonados a la empresa que ejecutó las obras". El hecho de que el suelo del recinto ferial no sea público implica que "tenemos que alquilar los terrenos por más de 30.000 euros para poder celebrar la feria allí", añadió. Otro de los puntos de interés fue la recalificación de 55.000 metros cuadrados, junto al arroyo Cerrada, que pasan a tener carácter urbano.

El concejal de IU, Juan Félix Camacho, defendió que el arroyo fuese el colchón y límite urbano de la ciudad. Y reprochó que los independientes tengan dos varas de medir en función de si gobiernan o están en la oposición, recordándoles que ellos se opusieron a que el municipio creciese hacia la Dehesa. El PP dijo que en su día se compraron 28.000 metros cuadrados para sumarlos a los 17.000 que ya poseía, mientras que con esta actuación se revaloriza el patrimonio del Ayuntamiento.

El popular Francisco Martín recordó que más allá del arroyo existen "viviendas ilegales y más de 40 o 50 solares que dejó construir Camacho (IU) cuando era alcalde". El portavoz de los independientes, Sergio Rosado, señaló que a partir de ahora disponen de terrenos para ponerlo a disposición de un centro de educación secundaria o un geriátrico.

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