La Comunidad Europea ya tiene en sus manos un completo informe sobre el proyecto gasista en Doñana que promueve la multinacional Petroleum Oil & Gas, filial de Gas Natural Fenosa. En él se enumera las razones por las que a juicio de la Junta de Andalucía ha de llevarse a cabo un análisis pormenorizado de las cuatro partes que engloba el proyecto de hidrocarburos para extraer de la zona el gas que aún dormita en el subsuelo y su posterior uso como almacenamiento de gas.

Actualmente el proyecto que está en marcha es el de Marismas Occidental, debido a que los sondeos que en él se practican se emplazan fuera de las lindes del Espacio Natural y, en consecuencia, es el único que ha contado con la Autorización Ambiental Unificada (AAU) que expide la administración andaluza.

Sólo está en marcha el subproyecto Marismas Occidental, fuera del Espacio Natural

El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, reclamó a Bruselas que "se implique" en esta tarea de evaluar las taras medioambientales que comporta una actividad de hidrocarburos en un espacio protegido como Doñana. La Administración autonómica defiende la tesis de que las distintas declaraciones de Impacto Ambiental (una por cada uno de los proyectos) no evalúan de modo fidedigno las afecciones al entorno, al no estimar de modo global los efectos de una actividad de hidrocarburos de este tipo.

Fiscal explicó ayer que el informe fue enviado el pasado 17 de febrero, exactamente dos días antes de que finalizase el plazo fijado por el comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, tras el requerimiento realizado oficialmente a raíz de la reunión que Fiscal y el propio representante europeo mantuvieron prácticamente un mes antes (19 de enero).

Desde que accedió al cargo, Fiscal ha considerado prioritario que se mantenga (como hasta ahora) paralizado los nuevos sondeos, en tanto en cuanto no dilucide científicamente las afecciones que esta iniciativa energética conlleva para la flora y la fauna del Espacio Natural de Doñana. En línea con esta postura, demandó que Europa fuerce al Gobierno de España a realizar "una evaluación conjunta de los efectos acumulados" de los 14 nuevos pozos que conlleva la ampliación de la actividad de hidrocarburos en la zona, así como la construcción de un gaseoducto de interconexión de 18.169 metros longitudinales que conectará los parajes de Saladillo y Rincón, atravesando a su paso zonas de dominio público forestal.

El consejero socialista defendió este estudio como "la única manera de conocer con certeza la afecciones" al entorno. Por esta razón confió en que "una Administración como la europea, que mira con lupa a Doñana y que está presente en algunas de las decisiones más importantes" que sobre ella se adoptan, "se implique en un asunto que preocupa a la ciudadanía".

WWF, una de las entidades conservacionistas que con mayor fuerza se han opuesto al proyecto gasista, insistió en boca de su portavoz en Doñana, Juan José Carmona, que más allá de las afecciones que comporta al Espacio, "el problema subyacente es que el Gobierno de España desdeña las energías renovables, apostando por la extracción de hidrocarburos que incrementa la emisión de CO₂ a la atmósfera y aceleran el cambio climático".

En este sentido, Carmona alertó que si el proyecto se lleva adelante la zona "ligara su futuro a energías contaminantes durante las próximas décadas".

Por su parte, fuentes de Gas Natural declinaron la posibilidad de pronunciarse al respecto. La compañía siempre ha mantenido que la DIA se abordó de manera independiente tal como recoge la ley; así como que a lo largo de tres décadas de actividad gasista en la zona noreste de la provincia de Huelva y en el suroeste de la de Sevilla no se hayan producido ningún tipo de afección a la fauna y la flora.