No les hace falta mucho para encender la mecha de la confrontación política y el retraso en la finalización de las obras de la presa de Alcolea, era una ocasión más que propicia como para no dejarla escapar. El Gobierno y la Junta no desaprovecharon la oportunidad y aseguraron que fueron ellos quienes "iniciaron las obras" o quienes "la adjudicaron". Lo bueno del caso es que ambos tienen razón; lo malo es que las obras tienen una fecha de finalización para dentro de cuatro años.

Fue la subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos, quien abrió el fuego al recordar que "fue este Gobierno del PP en 2012 el que empezó los trabajos" y que debido al compromiso con esta obra, en marzo se detectó que la empresa adjudicataria "no estaba cumpliendo los plazos", por lo que hubo que rescindir el contrato. Grávalos indicó también que "la presa de Alcolea es una obra calificada de interés general", por lo que el Gobierno "sabe de la importancia" para Huelva de este proyecto.

De este modo recordó que "se está cerrando el análisis técnico y jurídico" para saber cuál es el procedimiento de contratación que ha de seguirse "para ser lo más ágiles posibles", después de que se rescindiera el contrato con la empresa encargada de realizar la obra en marzo de este año puesto que "no se han cumplido los plazos" y en ese mes la obra estaba ejecutada solo al 20%.

Por su parte, el delegado de la Junta en Huelva, Francisco José Romero, solicitó al Gobierno central que sea "diligente" para poder reducir los plazos de cara a reanudar las obras de la presa de Alcolea y lamentó la estimación del Ejecutivo de "un retraso de cuatro años" para la finalización de este proyecto.

Romero quiso recordar que la presa de Alcolea es "prioritaria" para la Junta y recordó que ésta participa en un 50% en la financiación de la presa y que, aunque no dirige la gestión de la obra, está en el comité de seguimiento. Así, lamentó "el retraso" que sufre este proyecto "de importancia" sobre todo para la comarca del Andévalo y el Condado onubenses, a la par que ha reprochado a la dirección de gestión de esta obra que "no se haya previsto la falta de diligencia de la empresa", puesto que la finalización del proyecto estaba contemplada para marzo de este año y "ahora se habla de 2021". Tras afirmar que es conocedor de que los plazos requieren un tiempo dadas, además, "las discrepancias" entre la Administración estatal y la empresa, ha pedido al Gobierno central que sea "diligente" a la hora de resolver este contrato porque es "fundamental" si se pueden reducir los plazos, ya que es un proyecto "urgente".