La Fiscalía de Huelva ha decretado archivar las diligencias informativas que se abrieron tras una denuncia del coordinar provincial de IU, Pedro Jiménez, por el caso del agua contaminada del pasado mes de agosto, que afectó a una decena de municipios del Condado y a cerca de 40.000 habitantes.

El alcalde de Bollullos y presidente de la Mancomunidad de Aguas del Condado, Carlos Sánchez, se mostró ayer muy satisfecho al dar a conocer el documento judicial por dos motivos fundamentales. En principio porque el Fiscal Jefe ha entendido en su escrito que no existe "delito contra la salud pública" ni "de infracción penal alguna" contra la Mancomunidad ni contra la Delegación Provincial de Salud de la Junta. Lo que libera a estos dos organismos públicos de toda culpa en este turbio asunto.

Además el escrito de la Fiscalía considera que no hubo "negligencia o pasividad" en los responsables de dichos organismos públicos a la hora de controlar la calidad del agua mientras que acredita que "la tardanza evidente" fue del laboratorio encargado de realizar los análisis y transmitir los resultados de los mismos. Así volviendo al juego de fechas que se barajó en su día, el escrito de la Fiscalía recoge que los resultados de los análisis de las muestras de agua tomadas el 13 de agosto, que superaban los límites permites admitidos, no se dieron a conocer hasta el 25 de septiembre en el SINAC y que estos datos no se comunicaron a la Mancomunidad de Aguas hasta el día 26 de septiembre. Dado que la Delegación de Salud de la Junta conoció los resultados el mismo 25 se lo comunicó a la Mancomunidad y al día siguiente envió a los técnicos para inspeccionar la planta y tomar medidas urgentes. Esto dio lugar a la resolución de Salud del día 27 de septiembre que declaró el agua como "no apta para el consumo", que se dio a conocer a los diez ayuntamientos para que informaran a la población de inmediato. Tras tomar las medidas correctoras oportunas y seguir realizando controles del agua los días siguientes, el 28 de septiembre Salud volvió a declarar el agua apta para el consumo al haberse regulado los niveles.

El decreto de la Fiscalía también considera que "no se puede hablar de agua contaminada sino de agua no apta para el consumo"; como "tampoco se aprecia que los hechos investigados llegaran a constituir un verdadero peligro para la salud pública".

Ante esto Carlos Sánchez espera ahora que los partidos de la oposición, PA, PP e IU, se disculpen públicamente "por las declaraciones e insultos" que le han dirigido a cuenta de este problema en el abastecimiento de agua. Recordó al alcalde popular de La Palma que se comprometió a pedir disculpas públicas en caso de que se demostrase que el agua no estaba envenenada y dijo que no sólo le debe disculpas a él sino también a su pueblo.

Sobre IU, Sánchez dijo que la denuncia responde "al odio que IU tiene al PSOE de Bollullos, lo que tiene paralizado al municipio", así que una vez más invitó a IU a integrarse en el equipo de Gobierno bollullero.