Siempre mantuvimos que la televisión debe mucho al cine. En otros tiempos el cine era el gran atractivo del televidente y la profusión de películas en la pequeña pantalla dio lugar a una abultada cifra en los shares, es decir los índices de audiencia que se registraban, manteniendo incluso un intenso pugilato entre las cadenas públicas y privadas. En los últimos años con la banalización de nuestra sociedad, adocenada en otros pasatiempos más pedestres y de muy discutible entidad como pudieran ser los reality shows, programas llamados del corazón, la detestable telebasura, y las series repetitivas y compulsivas que han proliferado masivamente, el cine ha pasado a un segundo o tercer término por su infrautilización y la indiferencia de los telespectadores. Aún así a veces se emiten algunas películas que atraen a una considerable cantidad de televidentes.

Y es que el cine no interesa a la televisión. No sólo el que las cadenas puedan emitir sino el que se realiza en general y por supuesto mucho menos el que se produce en España. De éste huyen, por así decirlo, como de la peste. Ello se puso de manifiesto cuando con ocasión de las largas discusiones para alumbrar la innecesaria e inútil Ley del Cine, que costó el cargo a la ministra Calvo, las empresas televisivas de este país se negaron rotundamente a aumentar hasta el seis por ciento para ayuda y promoción del cine español, quedando en el cinco por ciento, como hasta ahora se había mantenido. Con ésta y otras concesiones y renuncias la dichosa ley salió adelante.

Pero ahora a las televisiones se les echa encima un correctivo del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, según se desprende de un informe de la Abogacía del Estado. Porque a pesar de la rebaja la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), llevó el asunto al Tribunal Supremo y éste a Luxemburgo. Y ahora la Abogacía del Estado da la razón al Gobierno, afirmando que su ley no está en contra de las normativas comunitarias y que, en consecuencia, las televisiones deben intervenir económicamente en la producción de películas habladas en cualquiera de las lenguas oficiales, como ocurre en los demás países europeos, cada cual con su propio porcentaje. Aunque el dictamen del Tribunal Supremo aún no se ha producido, es fácil suponer que no va a contradecir el informe de la Abogacía del Estado.

Lo que pueda ocurrir hace dudar sobre las intenciones de las televisiones a las que tanto cuesta invertir en el cine, cuando de forma inteligente e imaginativa ello puede beneficiar sus programaciones. De todas formas las cadenas televisivas ya saben invertir ese dinero destinado al cine en sus propias miniseries, que con una duración poco más de tres horas, pasan por ser películas normales o en largometrajes cinematográficos producidos a través de las propias empresas o de otros medios con lo cual restan posibilidades de ayuda al cine independiente que cuenta con sus propios apoyos legales.

Pero en esta controversia no debemos olvidar a las cadenas estatales y autonómicas, que tanto cuestan al erario público y tan deficitarias resultan, cuya misión como servicio público tanto deja que desear, como bien denunciaba Alejandro Echevarría, presidente de UTECA, cuya competencia desleal raya en lo escandaloso y disfrutan de una intolerable doble financiación. Claro que si no saben administrar correctamente sus propias ganancias ¿cómo van a aumentar su ayuda y promoción del cine español?