Perú tiene derecho a reivindicar sus riquezas, aunque sean anteriores a la fecha de su independencia. Con este razonamiento, el Gobierno de este país americano ha solicitado en sede judicial verificar el origen del tesoro valorado en alrededor de 500 millones de dolares y extraído de las aguas del Estrecho de Gibraltar por la empresa Odyssey.

Esta compañía estadounidense y el Estado español mantienen un contencioso, ya que el Gobierno español considera que el buque cazatesoros propiedad de la empresa se apropió de unas piezas que pertenecen a su patrimonio nacional.

Al conflicto se suma ahora oficialmente el Ejecutivo peruano, que asume la petición recibida el pasado mes de junio por María Sumire, una diputada indigenista que defiende "el legítimo derecho de reclamar" un tesoro compuesto por "oro y plata de nuestros pueblos [de Perú] originarios" y que "no fue entregado por voluntad propia".

Entonces, el Pobierno de Madrid recordó a Lima que "el Estado de Perú no existía" cuando los galeones españoles reunieron esas piezas.

En declaraciones a la agencia de noticias Efe, la ministra peruana de Justicia, Rosario Fernández, explicó que la tesis de su gabinete es "jurídicamente aceptable" y se mostró convencida de que, "de hallarse los bienes", Perú logrará "un buen resultado".

"Ya hay muchas tesis desarrolladas en el sentido de que la riqueza de Perú es con anterioridad a su constitución o conformación como país", añadió la ministra.

España insiste en que el Estado peruano no puede reclamar legalmente el tesoro porque ese territorio andino pertenecía a la jurisdicción del virreinato español de la época.