El presidente electo de EEUU, Donald Trump, aseguró ayer que la quema de la bandera, algo que el Tribunal Supremo considera protegido constitucionalmente bajo libertad de expresión, debería acarrear "consecuencias" como el encarcelamiento o "la pérdida de la ciudadanía".

"No se debería permitir a nadie quemar la bandera estadounidense; si lo hacen, debería haber consecuencias, quizá la pérdida de la ciudadanía o un año en la cárcel", afirmó Trump a través de Twitter, su medio favorito de comunicación.

No obstante, la máxima instancia judicial en Estados Unidos ya falló en dos ocasiones (en 1989 y 1990) en contra de criminalizar la quema de la bandera con el argumento de que ese acto estaba protegido por el derecho a la libertad de expresión.

Trump sigue montando su Gabinete y ha nombrado secretario de Salud de su Administración al diputado republicano Tom Price, un acérrimo crítico de la reforma sanitaria de Barack Obama, anunció ayer el equipo de transición del líder republicano.

Poco antes, The New York Times y otros medios adelantaron el nombramiento del político, de 62 años, presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes y miembro del Congreso desde 2005. Nacido en Atlanta (Georgia), se opone al aborto y lleva años haciendo campaña contra la reforma, conocida como Obamacare.

Durante la campaña, Trump, que asumirá la Presidencia el 20 de enero, también atacó duramente la reforma sanitaria de Obama, pero en sus últimas declaraciones dijo que no pretendía abolirla por completo.

La selección de los miembros del Gabinete de Trump se está llevando a cabo con un enorme suspense. Ayer se reunió con otros dos posibles candidatos: el ex candidato republicano Mitt Romney, posible futuro secretario de Estado, y el senador por Tennessee y presidente del Comité de Asuntos Exteriores, Bob Corker.

Mientras tanto, se suceden los ataques contra inmigrantes, hispanos, negros, musulmanes, judíos y homosexuales, según varias organizaciones, que ayer pidieron a Trump que actúe para frenar esa corriente de ofensas cometidas "en su nombre". En los diez días siguientes a las elecciones del 8 de noviembre se registraron al menos 867 incidentes y crímenes de odio.