Seguridad privada, los mercenarios del siglo XXI

  • Un informe de la ONU alerta de que éste es un negocio emergente en los países con conflictos, en los que las empresas dedicadas al sector se introducen con excusas humanitarias

"El nuevo mercenario del siglo XXI puede ser de cualquier país del mundo. Hay una jerarquía que va desde el norteamericano que gana hasta 15.000 dólares mensuales hasta un peruano que por 1.000 dólares arriesga su vida", esta es una de las valoraciones realizadas hoy en rueda de prensa por José Luis Gómez del Prado, presidente español del grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la actuación de empresas de seguridad privada en países con conflictos.

Según el informe presentado, las empresas dedicadas a este sector que actúan en los países con conflictos constituyen una industria emergente y muy floreciente y están sustituyendo a los mercenarios "tradicionales". Otro elemento revelado es que estas compañías de seguridad se presentan con frecuencia como "humanitarias" y tratan de obtener contratos de reconstrucción en países con conflictos de baja intensidad bajo la égida de la ONU.

"Por ejemplo, Blackwater (famosa por incidentes sangrientos en Irak que incluyen el asesinato de civiles) se presenta como 'una organización generosa que trabaja por la paz' y en Estados Unidos funciona bajo el paraguas de la International Peace Organisation Asociation", ha señalado el experto español.

El especialista ha denunciado que estas compañías "hacen una presión enorme para obtener contratos en actividades de la ONU", por lo que instó al organismo internacional a "establecer un sistema efectivo para reglamentar y supervisar las actividades de las empresas de seguridad privada que obtienen contratos en los países en guerra".

Gómez del Prado ha dicho que hay mercenarios de numerosas nacionalidades, aunque aclaró que en esto "hay una jerarquía": los estadounidenses, de empresas como Blackwater "son los que más ganan", seguidos por los de "países de la Commonwealth británica". Les siguen los llamados "de terceros países, generalmente en desarrollo", entre los que ha citado a Chile, Honduras, Perú, Bulgaria, Polonia o Filipinas", y en la base de la pirámide "están los iraquíes".

El presidente ha explicado que no hay datos exactos sobre los salarios que reciben estas personas, pero dijo que pueden oscilar "desde los 15.000 dólares mensuales de los norteamericanos, hasta los 1.000 dólares que recibe un peruano", pero aseguró que cada vez se encuentran mercenarios más baratos.

"En Chile empezaron ganando 3.000 dólares y ahora están cobrando ya 1.000 dólares al mes", ha apuntado. "El problema no es que haya mucha oferta de trabajo, sino que estas empresas han creado una fuerte demanda y la gente que está muerta de hambre encuentra una salida para hacer dinero rápido aunque sea arriesgando sus vidas". En general, los que forman parte de estascompañías son militares o ex militares "pues las empresas no van a emplear años y recursos en entrenarlos" para conflictos y contrainsurgencia.

Según las conclusiones del informe, la expansión de este "negocio" va paralelo al fenómeno de la globalización mundial, pues las empresas de seguridad privadas "funcionan como multinacionales" que buscan el mayor beneficio posible mediante la deslocalización y bajos costos.

El reclutamiento de "guardias de seguridad privada" se da en todas las regiones del mundo y "es imposible" ofrecer una cifra de cuántos mercenarios de este nuevo tipo existen, ha destacado el experto.

"Las cifras más oficiales que tenemos son las ofrecidas por una agencia del Gobierno de EEUU, que ha calculado en 48.000" los "guardias privados" o "subcontratistas" que trabajan en Irak.

Las empresas madres contratantes admiten trabajar directamente por cuenta del Gobierno de Estados Unidos, que las ha contratado con el fin de realizar actividades de protección en zonas de conflicto armado de baja intensidad, como Afganistán e Irak, señaló el relator en su informe.

Estas empresas, una vez obtenido el contrato, subcontratan a su vez a otras empresas en el extranjero, que seleccionan y reclutan a ciudadanos de países en desarrollo con formación militar o policial.

El documento señala que en América Latina se da el "fenómeno emergente de la relación entre empresas de seguridad privada contratadas por compañías transnacionales para la protección de sitios geoestratégicos claves para la extracción minera, de petróleo y de fuentes de agua, y la represión violenta de la protesta social de las comunidades locales por la defensa de sus tierras y de los derechos medioambientales que se están infringiendo".

"Las empresas de seguridad privada, a las que el Estado ha cedido el uso de la fuerza, confunden a menudo la legítima protesta social de las comunidades con actividades terroristas o delictivas y cometen violaciones de los derechos humanos", agrega el informe.

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