La estadística refleja un repunte de las rupturas matrimoniales el año pasado. En el caso de Huelva, un nuevo aumento, de apenas un 3% en 2016, tras varios años de fluctuaciones. Pero entre pasos hacia atrás y nuevos pasos hacia adelante, los números siguen siendo muy dispares a los de hace diez años. Entre medio, una recesión económica que ha afectado a los españoles en todos los ámbitos; también en las relaciones personales, en los matrimonios, que han saltado por los aires al tiempo que los problemas económicos entraban en los hogares tras años de bonanza.

Y eso que hay lecturas que también restan protagonismo a esa influencia de la crisis, supuesta por tantos testimonios que hablan de fracasos matrimoniales prolongados en el tiempo por falta de independencia económica de los cónyuges que más interés tendrían en presentar la demanda de divorcio en los juzgados. O por las dificultades que muchos han visto en esta época de vacas flacas, en los supuestos de pago de pensiones a cónyuges o hijos.

"Precisamente la crisis ha hecho en muchos casos que se haya acelerado el proceso de disolución matrimonial", sostiene, con una visión muy distinta, la abogada onubense María José Marfil. Habla con la experiencia de 35 años de ejercicio, como especialista en Derecho de Familia, como abogada que ha comprobado estos últimos años cómo precisamente las dificultades económicas que han irrumpido en los hogares han provocado tensiones suficientes como para acabar con los matrimonios, o, puntualiza, con la convivencia de parejas no reguladas legalmente pero cuya separación también tiene implicaciones legales. "Una precaria situación económica en la familia es una bomba de relojería que al final explota", cuenta de modo gráfico.

En la provincia de Huelva, según los datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el pasado año se rompieron 1.108 matrimonios. De éstos, 1.054 se produjeron a través de demandas de divorcio, un 3% más que en 2015, y 51 por separaciones, un 24,4% más, además de 3 procedimientos de nulidad eclesiástica, dato anecdótico en la estadística, que no tuvo variación.

La visión a corto plazo no deja todavía resultados significativos pero en el largo plazo, echando la vista atrás, las diferencias sí son notables con los números que se manejaban hace sólo diez años, antes de la irrupción de la crisis.

Fijando como referencia el año 2006, sólo los divorcios han caído un 21% en la provincia onubense, y en el caso de las separaciones, incluso un 82,2%.

Por un lado, es cierto que eran entonces momentos de alegría en todos los sentidos. No había preocupaciones económicas que frenaran un deseado cambio de rumbo entre los cónyuges, hubiera o no acuerdo entre ellos en el planteamiento de la ruptura. De hecho, prácticamente la mitad de los 1.333 divorcios tramitados entonces en los juzgados de la provincia onubense planteaban un contencioso entre partes; la nueva estadística de 2016 reduce la beligeracia a un 35,9%: es decir, 675 de los 1.054 divorcios tramitados se presentaron de mutuo acuerdo.

La abogada María José Marfil, sin embargo, anota un factor a tener en cuenta: en los últimos años han aumentado las prisas, que derivan en sorpresas desagradables con el paso del tiempo. "Se plantea de mutuo acuerdo para acabar cuanto antes y se firma rápido sin tener visión de futuro. Luego descubren que lo que han firmado no se ajusta realmente a sus intereses y acaban planteando un año después un litigio por cuestiones económicas", advierte.

La estadística del INE muestra que 554 demandas de divorcio de 2016 fueron presentadas por ambos cónyuges, lo que no siempre implica que haya mutuo acuerdo. En caso de que sea a instancia de una de las partes, las mujeres son más activas, ya que duplican en ese sentido a los hombres (325 frente a 163), y son responsables de casi un tercio de las demandas totales en la provincia.

Se trata, en cualquier caso, de rupturas de matrimonios que, en la mayoría de las veces, alcanzan o superan los diez años de duración (el 66,2%), y que, si no, afectan a uniones de 2 a 9 años en casi un tercio, ya que las rupturas entre los matrimonios más recientes -considerados así los de duración inferior a dos años- apenas suponen un 2,4%, casi tres veces menos de lo que representaban sólo diez años atrás, en 2006.

No obstante, detrás de los divorcios, cuenta María José Marfil, interviene más un componente sociológico que económico. La estadística sitúa la edad media de los divorciados en torno a los 40 años. En Huelva, 509 de los hombres divorciados el pasado año se sitúan en la horquilla de 25 a 44 años, en la que se encuadran también 619 mujeres; y en el rango de edad de 45 a 64 años fueron 477 hombres y 392 mujeres los implicados en los divorcios.

"Es cierto que el peso de la edad influye, sobre todo en los hombres. Hay muchos -cuenta la abogada- que al llegar a los 50 años necesitan que le bailen el agua. El ego masculino aumenta y hay muchos casos de rupturas en los que se cruza alguna jovencita", cuenta la abogada Marfil por su experiencia en los juzgados de familia, más como una evidencia sociológica.

Otra abogada especializada en esta rama explica, en este caso desde Aracena, que también entran en juego factores educacionales y hasta de índole antropológico, según la zona de la provincia de la que se hable.

"En la Sierra quizá los matrimonios son más conservadores y no dan el paso sin agotar antes todos los recursos", explica María Asunción García. No se trata de temor "al que dirán", advierte, sino una reacción natural a tratar de encontrar soluciones para asegurar la estabilidad familiar en comarcas que han sufrido más las carencias .

En cualquier caso, García coincide con su colega de la capital en separar crisis y divorcio. Al menos por sus propias sensaciones diarias en los juzgados. "Hay personas implicadas de distinto nivel económico. Quizá más que por el coste económico, había miedo a las implicaciones penales de los impagos de pensiones, pero ahora parece que ya no pesa tanto".