Huelva

La provincia registró 71 casos de posible maltrato infantil en 2008

  • La Junta asumió el pasado año la tutela de 118 menores en situación de desamparo · La onubense es la segunda provincia andaluza que más acogimientos de menores con necesidades especiales llevó a cabo

La infancia es, para la mayoría de los niños onubenses, la etapa más feliz de la vida, libre de responsabilidades y plagada de juegos. Pero los menores también constituyen uno de los colectivos poblacionales más vulnerables, una indefensión que puede llevar a otros pequeños a vivir la infancia como una auténtica pesadilla. En este sentido, el Observatorio de la Infancia en Andalucía (OIA), a partir de datos de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, publica en el informe Menores de edad en Andalucía que en la provincia de Huelva se tramitaron 71 casos de presunto maltrato infantil (1,3 por semana), el 5,6% de las situaciones denunciadas en la región andaluza.

Los tipos de maltrato más frecuentes que se detectaron el pasado año en los casos que han sido denunciados a través del Teléfono de Atención a la Infancia (900 851 818) fueron la negligencia/ abandono, el 79,8%; el maltrato físico (48,5%), la corrupción de menores (44%) y el maltrato psicoemocional (38,7%).

Cuando una persona denuncia la situación de desamparo que vive un menor de edad (algo que se puede hacer de forma anónima) el Servicio de Protección de Menores de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social activa todas las alarmas y comienza a investigar la situación que vive el pequeño. Es necesario realizar un estudio pormenorizado de su situación y de su entorno para verificar la denuncia. Una vez comprobado el caso, la Junta de Andalucía tiene dos opciones: asumir la guarda administrativa del niño por solicitud de sus padres o tutores, que justifican no poder atenderlo por enfermedad o una circunstancia grave, o la función de la tutela asumida por ministerio de Ley. La Delegación Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social en Huelva asumió en 2008 la tutela de 118 menores, así como la guarda administrativa de otros seis, según el OIA.

Durante el pasado ejercicio se tramitaron, además, 84 acogimientos residenciales (esto es, en centros de acogida), 82 acogimientos familiares, ocho adopciones nacionales y 40 adopciones internacionales en territorio onubense.

Hay que destacar el considerable incremento que se ha producido en apenas dos años en el número de acogimientos familiares tramitados, ya sean administrativos o judiciales, en Huelva. Si en 2006 apenas se registraban 95, el pasado año fueron 599, según los datos del Anuario Estadístico 2008 del Instituto de Estadística de Andalucía recabados por el OIA, lo que se traduce en un aumento del 530%.

Asimismo, Huelva es la segunda provincia andaluza en importancia por acogimiento familiar o adopción de menores con necesidades especiales. De hecho, aglutina el 16,9% de los 278 pequeños que se circunscriben a este tipo de modalidad, con 47 casos y sólo superada por Sevilla, que suman en 2008 un total de 130.

En lo que a las adopciones nacionales se refiere, Huelva registró 26 solicitudes en 2008, mientras que se constituyeron ocho. Las adopciones internacionales fueron más numerosas, un total de 40 se materializaron y hubo 58 solicitudes.

La provincia de Huelva disponía en 2008 de 20 plazas de acogimiento residencial adscritas al programa de acogida inmediata, es decir, aquellas que facilitan la primera acogida al niño que necesita ser acogido pero al que aún no se le ha realizado un diagnóstico adecuado de su problemática y, por ende, aún no se ha tomado una decisión sobre su futuro. De otro lado, contaba el pasado año con ocho plazas de atención a menores con discapacidad, con una atención especial a la singularidad de sus necesidades.

Los recursos más significativos son los que se refieren al programa de atención residencial básica, con un total de 222 plazas en centro de acogida, que se encarga de ofrecer a cada niño el alojamiento, la convivencia y la educación integral por el periodo necesario hasta que pueda producirse el retorno a la unidad familiar (si fuera posible), la preparación para la emancipación cuando cumpla 18 años, o hasta que se adopte una medida alternativa.

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