Huelva

La propiedad del Monís de Palacio alega ante el ultimátum municipal

  • El Consistorio le instó a estabilizar la fachada, la parte a conservar, pero el resto se declaró en ruina

Edificio de Francisco Monís, en la céntrica calle Palacio, declarado en estado de ruina. Edificio de Francisco Monís, en la céntrica calle Palacio, declarado en estado de ruina.

Edificio de Francisco Monís, en la céntrica calle Palacio, declarado en estado de ruina. / josué correa

Los propietarios del edificio ubicado en el número 4 de la calle Palacio -obra del arquitecto onubense Francisco Monís que data de principios del siglo XX- han presentado alegaciones a la orden por la que el Ayuntamiento de la capital les instó a estabilizar la fachada del inmueble, que es su parte a conservar, aunque el resto de esta construcción se declarase en situación legal de ruina mediante un acuerdo de la Junta de Gobierno local el pasado 24 de julio de 2017 (expediente incoado mediante acuerdo de fecha 30 de marzo del pasado año).

Años atrás, se había desechado esta calificación por entender que el inmueble podía ser aún restaurado y remozado sin necesidad de derribo. Sin embargo, presumiblemente, el desacuerdo entre los propietarios dejó al edificio sin solución mientras los años pasaban.

Esta declaración supuso que por parte del Consistorio se requiriera a los propietarios para que en el plazo de tres meses presentasen un proyecto arquitectónico para rehabilitar la fachada. Entre tanto, se les conminaría también a que adoptasen medidas provisionales de estabilización de la misma, algo que siempre se hace para evitar riesgos de desprendimientos y garantizar la seguridad de la vía pública.

La obligación de adoptar todas estas medidas corresponde a los dueños del edificio (cinco propietarios y una comunidad de bienes). El conocido establecimiento comercial que existe en el bajo está en régimen de alquiler, por lo que está exento de esta obligación. Cuando se trata de un edificio de titularidad privada, siempre son los dueños los que deben acometer medidas de este tipo, recalcaron. No obstante, éstos últimos tienen la posibilidad de recurso ante la declaración de ruina.

Ya declarado en ruina, el Consistorio ordenó el pasado año a la propiedad que adoptara medidas cautelares de seguridad consistentes en la reparación y la estabilización de la fachada por encontrarse el edificio catalogado en grado P3, así como el apeo o refuerzo de los forjados de planta. Pero, con posterioridad, y ante el incumplimiento de los propietarios, el concejal de Urbanismo, Manuel Gómez, dictó un decreto el pasado 18 de enero de 2018, en el que ordenó a la propiedad que adoptase las medidas cautelares mencionadas.

Para ello, otorgó un plazo de 15 días para la presentación de un proyecto técnico descriptivo del sistema de estabilización de fachada y apeos de los forjados de la planta tercera, que deberán realizarse en un plazo máximo de siete días desde la redacción del proyecto.

Se advirtió a la propiedad de que, en caso de incumplimiento, se le impondrán "hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por valor máximo, cada una de ellas, del 10% del coste estimado de las obras", valorado por los servicios técnicos municipales en la cantidad de "39.477 euros".

Ante este ultimátum, la propiedad ha presentado alegaciones y, según indican desde el Consistorio, en estos momentos "nos encontramos dentro del periodo de contestación de dichas alegaciones", si bien desde Urbanismo rehusaron ofrecer detalles sobre la argumentación planteada desde la propiedad.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ya requirió al Ayuntamiento que procediese, con carácter urgente y previos los trámites legales oportunos, a "ejecutar medidas por ejecución subsidiaria" o que al menos impusiera multas coercitivas para obligar a la propiedad a cumplir lo ordenado. Lo recomendó la institución en una resolución el pasado 29 de noviembre, en la que recordó la petición que le trasladó un foro ciudadano en defensa de patrimonio cultural de la ciudad (el Círculo Sectorial del Patrimonio de Podemos), a raíz la declaración en estado de ruina del inmueble.

El edificio es un ejemplo del estilo regionalista y tiene trazas neomudéjares. En la Guía de Arquitectura de Huelva, publicada por el Colegio Oficial de Arquitectos onubense, se destacan detalles "interesantes" como "un hermoso cierro en fachada y la solución de arco de las ventanas". También se indica que, posteriormente, se realizó una elevación de planta que distorsiona su imagen final.

Francisco Monís, al que se atribuye este inmueble, es el autor de otros edificios de renombre, como el antiguo Hotel París -del que se conserva originariamente la mitad y la otra mitad fue reconstruida-, la sede de UGT en la calle Puerto o el edificio que fue durante años la sede del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Huelva.

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