Más de 1.500 onubenses perciben ya las ayudas a la dependencia

  • Desde enero de 2007, cuando echó a andar la Ley, la Administración ha recibido 6.702 solicitudes de valoración en Huelva · Igualdad ha invertido más de 3,8 millones de euros en la provincia

Han pasado quince meses desde que la Ley 39, más conocida como Ley de Dependencia, entrara en vigor. Desde entonces, la provincia de Huelva ha registrado un volumen de 6.702 solicitudes de onubenses para la valoración de su grado de dependencia, según datos de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

Dichas solicitudes no se refieren en exclusiva a las personas con gran o severa dependencia (es decir, de los niveles uno y dos del Grado III o del nivel dos del Grado II), que son las que pueden acogerse este año a la Ley para ser retribuidas o atendidas a través de los distintos servicios asistenciales.

Tienen la consideración de grandes dependientes y severos los onubenses que necesitan la ayuda de una o varias personas para las tareas de la vida diaria, teniéndose en cuenta además el informe médico de la Consejería de Salud y las condiciones sociales de su entorno que agraven la situación de dependencia.

De estas 6.702 peticiones, el 85,4 por ciento ha obtenido ya el dictamen de la Junta de Andalucía, lo que supone que un total de 5.700 onubenses saben en qué grado de la escala de dependencia se les estima. Son ya 1.566 personas (el 23,36 por ciento del total de las peticiones de valoración) las que están recibiendo algún tipo de prestación económica o de servicio asistencial.

En el caso de la capital, hasta el pasado 27 de febrero la Administración andaluza había valorado a un total de 604 personas con gran dependencia o dependientes severas.

Según de la Delegación para la Igualdad y el Bienestar Social en Huelva, "tal y como regula el procedimiento de valoración, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de la capital debían remitir a la Junta de Andalucía una propuesta de recursos o prestaciones ajustadas a las necesidades de estas 604 personas para la concesión final de un recurso o prestación". Sin embargo, el Consistorio onubense "sólo" ha elevado a la Administración autonómica 288 expedientes para que se les realice un Plan Individual de Atención (PIA), de los que 32 han sido rechazados por "falta de documentación exigida por la normativa", siendo la cifra final de expedientes tramitados de 256. Hasta la fecha, Igualdad ha resuelto el 73,04% de ellos, lo que se traduce en que 187 personas ya reciben sus correspondientes ayudas.

Los datos de financiación también son importantes. De hecho, la Delegación Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social ha invertido en Huelva 3,8 millones de euros: 1,6 millones para reforzar con personas los Servicios Sociales onubenses; 1,2 millones para los recursos humanos de los Servicios de Dependencia, gestión de Servicios Sociales y prestaciones económicas, y un millón de euros más para el refuerzo de las ayudas a domicilio a través de los ayuntamientos.

Cabe reseñar que de este montante se excluyen el valor de las construcciones de centros para atender a estas personas, el valor total de las prestaciones económicas concedidas y las plazas residenciales asignadas a los dependientes.

Compete a los servicios sociales del municipio en que reside la persona solicitante de la valoración de la dependencia la puerta de entrada al reconocimiento de su situación, mientras que es la Junta de Andalucía quien determina el grado y nivel de dependencia correspondiente a través de una serie de reconocimientos y pruebas.

En estos primeros años de vigencia de la Ley 39, tienen prioridad las personas con gran dependencia o severa de nivel dos y son los ayuntamientos los que deben proponer a la Administración andaluza la elaboración del PIA teniendo en cuenta las necesidades y deseos de la persona afectada y de su familia. Son los profesionales de la rama social o valoradores los que se desplazan hasta el domicilio con el objetivo de analizar las limitaciones de la persona afectada.

Se puede elegir entre tres tipos de servicios: la ayuda a domicilio, la teleasistencia, y la atención residencial y centros de estancias diurnas y nocturnas en los que el beneficiario recibe atención especializada en horario de mañana y tarde para ser posteriormente trasladado a su domicilio.

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