Francisco Javier Muñoz González, director del curso Compliance Penal y consultor de Gaudia Consulting, y Juan López Sánchez, economista y miembro de la firma Lawyers & Compliance, analizaron las claves para el diseño y la implantación de un plan de cumplimiento en las empresas.

Ambos recalcaron, en el marco de los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía en La Rábida "la importancia de que tanto accionistas como cuadros directivos se percaten de la importancia de estos planes para sus empresas".

Las empresas supervivientes de la crisis hacen negocios con el extranjeroEl plan de cumplimiento toca muchas temáticas como el abuso o el soborno

Juan López aseguró que "las empresas supervivientes de la crisis ahora hacen negocios con el extranjero" y "se pueden encontrar con muchos problemas en sus filiales en China o México, por cuestiones de corrupción o malas prácticas". Por ello, afirmó, "lo que más les interesa es un plan de cumplimiento".

Desde el punto de vista práctico, "presenta una serie de elementos como un comité o un agente de cumplimiento -o compliance office- que vele por la política de la corporación". Asimismo, otros aspectos fundamentales son "hacer un análisis de los riesgos, formar a los trabajadores y poner un canal de denuncias interno".

Los empleados, por tanto, "tienen un compromiso y una obligación de denunciar esas prácticas" que perciban en sus puestos de trabajo, e incluso se baraja la posibilidad de que "se le aplique un código disciplinario si no informan de esas irregularidades".

El peligro llega cuando "esa empresa, conocedora de que un plan de cumplimiento puede exonerar de un delito, decide poner uno en marcha para cubrirse las espaldas y seguir cometiendo malas prácticas", de ahí que inciden "en la convicción que debe tener el consejo de administración".

"Esta es la bondad de estos proyectos, que aquellas empresas que ya lo hacen bien, lo puedan seguir demostrando". El plan de cumplimiento toca muchas temáticas "como el abuso de mercado, el soborno y la corrupción, los conflictos de intereses, el blanqueo de capitales, la privacidad y la protección de datos o la propiedad intelectual", así como sectores, entre los que destacan "el farmacéutico, el financiero, el asegurador, el energético o el de telecomunicaciones".

El plan parte "con el nombramiento de un comité y la contratación de un servicio externo", el cual se ocupa de "analizar el contexto de la compañía y toda la legislación que le atañe". Una parte "muy importante", aseguró Juan López, es la de "informar a los trabajadores, clientes y proveedores de que el plan está en marcha".

El análisis de riesgos de la compañía "lo realiza el servicio externo" y en él "se estudian los diferentes delitos en los que puede incurrir la empresa catalogándolos en probables, posibles, improbables o remotos", aseguró. "Posteriormente se evalúa el posible impacto económica que podrían tener dichos delitos" y a partir de ahí "se elaboran unos objetivos para tratar de minimizar la posibilidad de cometerlos".

Entre los beneficios de estos planes, tanto Francisco Javier Muñoz como Juan López pusieron de relieve "la mejora de la imagen, de la confianza con el proveedor, con consumidores y con la Agencia Tributaria, menos contingencias en la parte laboral, la eliminación del tráfico de influencias y una mejora, de media, del 0,81 por ciento en la cuenta de resultados", concluyeron.