El pasado año, 1.295 parejas pusieron el punto y final a su vida conyugal en nuestra provincia: una media de 3,5 rupturas diarias. Así consta en la estadística Demandas presentadas de nulidades, separaciones y divorcios, publicada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de la que se desprende un decrecimiento notable, concretamente del 19,6%, de las disoluciones matrimoniales con respecto a las del año 2016. Entonces llegaron a los juzgados de la provincia 1.611 litigios de este tipo. Ahora han sido 316 menos.

Prácticamente el global de esas demandas, 1.233 (el 95,2%), se refiere a procedimientos de divorcio. Sólo el restante 4,8% de asuntos era de separaciones. Como los datos judiciales de la estadística del CGPJ no permiten la comparativa interanual -los datos de 2017 permiten elaborar un análisis más detallado, pero los de 2016 son más toscos-, lo poco que puede extraerse como conclusión es que los divorcios sufrieron una rebaja del 20,9% (327 menos) y que las separaciones, por contra, pasaron de ser 51 a 62, un 21,6% más.

3,5Rupturas diarias. Es la cifra de desuniones matrimoniales que se produjo de media cada día en 2017

Los juzgados mixtos de la provincia y el de Familia de Huelva (único partido judicial que cuenta con un órgano exclusivo) recibieron de enero al final del año 515 divorcios pactados. Es decir, que cuatro de cada diez se resolvieron de mutuo acuerdo en nuestro territorio, como constata la estadística del CGPJ. En los 718 procedimientos restantes (58,2%) continúa existiendo beligerancia entre los que hasta ahora habían compartido formalmente sus vidas.

Los onubenses tienen una menor preferencia por las separaciones, como queda claro a lo largo de la serie histórica. Las de mutuo acuerdo son aquí mayoría y significan el 59,7% del total, con 37 frente a las 25 en las que las partes no alcanzaron un consenso, el 40,3%.

Cuando el excónyuge pierde el empleo o encuentra uno mejor -la primera de las situaciones es la más común, según los expertos-, los jueces dejan constancia de ello en la sentencia de divorcio mediante la modificación de medidas. Estas fueron 485 en el año 2017 y sólo 75 de ellas (apenas un 15,5%) se emprendieron con la conformidad de los dos extremos del litigio. En las 410 modificaciones de medidas restantes, entre las que se incluyen, por ejemplo, la variación en la cuantía de la pensión alimenticia, alguno de los excónyuges no estuvo de acuerdo y fue la autoridad judicial la que tuvo la última palabra.

Las fuentes judiciales consultadas por este periódico señalaron que "un padre no puede, por ejemplo, seguir pagando los 300 euros de pensión alimenticia que se había fijado en la sentencia si ha perdido el trabajo, porque para él es imposible de asumir en tales circunstancias".

Las relaciones de pareja no pasan necesariamente a día de hoy por el altar. Muchos son los que conviven y tienen hijos sin llegar a casarse. Cuando el idilio se rompe, los juzgados tienen que decidir a quién otorgan la guarda y custodia de los menores. Esto ocurrió el año pasado en 694 ocasiones, en las que los jueces regularon las medidas paternofiliales. El trámite puede hacerse de forma amistosa, con convenio regulador propuesto por las partes, lo que ocurrió en 171 procedimientos; o de forma contenciosa, siendo el juez quien declare las medidas que se tendrán que aplicar sobre la guarda y custodia de los hijos y sobre el ejercicio de la patria potestad, el régimen de visitas, la pensión alimenticia o el uso de la vivienda familiar. En este último supuesto se registraron 523 asuntos en los tribunales de la geografía onubense, según el CGPJ.