Un día más sigue subiendo la tensión entre las administraciones por los graves problemas que se han encontrado a la hora de hallar lugares desde los que dragar la arena necesaria con la que arreglar los daños producidos por los temporales en el litoral de Huelva y Cádiz. Así, el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, y la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, han reaccionado esta mañana conjunta y contundentemente ante la “sorprendente y desleal” propuesta del Gobierno de la Nación para recuperar las playas con vistas al inminente verano, materializada a través de su delegado en Andalucía, en la que pretende extraer la arena que falta en el litoral de una reserva de pesca que exige la máxima protección.

Ambos dirigentes provinciales han reaccionado con gran dureza y han coincidido en destacar que “el delegado del Gobierno era consciente desde el primer momento de su incapacidad para responder al ejercicio de su exclusiva competencia, como es el mantenimiento de la franja litoral de ambas provincias”. Por este motivo, han incidido en que ambas diputaciones “no van a consentir que se pretenda sacrificar al sector pesquero para tapar su incapacidad de asumir sus competencias” para mantener en perfecto estado nuestras playas, algo que no viene haciendo de manera cotidiana y que tampoco hace ahora ante situaciones extraordinarias que merecen respuestas excepcionales”.

El presidente de la Diputación de Huelva ha exigido al delegado del Gobierno en Andalucía que “deje de echar balones fuera y se ponga a trabajar para que el litoral de Huelva y Cádiz esté en perfecto estado de revista en verano”. A su juicio, el Gobierno ha incumplido y está culpando a la Junta del retraso en la extracción de arena de forma injustificada.

Así, Ignacio Caraballo ha recordado que ambas diputaciones han estado presentes en todas y cada una de las reuniones celebradas en la Comisión Interadministrativa creada para tal fin y se ha mostrado sorprendido por el “tono” de las declaraciones del delegado del Gobierno en Andalucía. En este sentido, ha señalado que “existía un compromiso por parte de todas las administraciones de mantener la lealtad institucional por el interés general que tiene un problema como éste hasta que no se tuviera una solución definitiva; una lealtad institucional que ahora ha saltado por los aires”.