La nueva normativa territorial de la Junta de Andalucía flexibiliza los criterios de desarrollo urbanístico para más de la mitad de los municipios onubenses, principalmente en las comarcas de la Sierra y el Andévalo, las que más fugas de población han sufrido en los últimos años.

Se abre ahora, pues, un periodo de revisión con un nuevo marco jurídico -alumbrado en el Pacto por la Vivienda- en el que se relajan los polémicos límites del POTA (Plan de Ordenación Territorial de Andalucía) en base al decreto 11/2008, que vio luz verde en enero para "desarrollar procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas". Asimismo, para "optimizar las infraestructuras y las dotaciones existentes", este decreto modifica los coeficientes de ponderación para las prospectivas de población que sirven de base al planeamiento urbanístico de los municipios, de forma que si el POTA "con carácter general" fijaba el límite de crecimiento poblacional máximo en un 30% para los próximos ocho años, ahora se van a hacer diferenciaciones entre los municipios, para abrir ese porcentaje a favor de los municipios menos poblados y en receso demográfico.

El corsé se ensancha hasta el 60% (techo al que llega el decreto) para los pueblos con menos de 2.000 vecinos que en la última década hayan crecido por debajo del promedio andaluz (10,2%). En este perfil, según los padrones del Instituto Nacional de Estadística, podemos encuadrar a 34 municipios de la provincia de Huelva, que no sólo no han rebasado este umbral, sino que han registrado porcentajes negativos en la retrospectiva de los diez últimos años. Es el caso de El Almendro, Almonaster, Arroyomolinos, Berrocal, Cabezas Rubias, Cala, Campofrío, Cañaveral de León, Corteconcepción, Cortelazor, Cumbres de Enmedio, Cumbres de San Bartolomé, Cumbres Mayores, Encinasola, Fuenteheridos, La Granada de Riotinto, El Granado, Hinojales, Los Marines, Paymogo, Rosal de la Frontera, Sanlúcar de Guadiana, Santa Ana la Real, Santa Bárbara de Casa, Valdelarco, Villanueva de las Cruces y Zufre. En este mismo tramo del 60% se situarían igualmente otros pueblos que no se encuentran en receso poblacional, pero avanzan a un ritmo muy lento: Alájar, Castaño del Robledo, Galaroza, Higuera de la Sierra, Linares de la Sierra, La Nava y San Silvestre de Guzmán.

Por otra parte, según el nuevo decreto andaluz, los porcentajes de crecimiento permitido se modelarán hasta un 50% para las poblaciones entre 2.000 y 5.000 habitantes que tampoco superen la media andaluza de la última década. Se insertan en esta categoría 24 localidades onubenses: Alosno, Aroche, Beas, Calañas, El Campillo, el cerro del Andévalo, Chucena, Cortegana, Escacena , Hinojos, Jabugo, Lucena, Manzanilla, Minas de Riotinto, Niebla, Nerva, Paterna, la Puebla, san Bartolomé, santa Olalla, Villalba, Villanueva de los Castillejos, Villarrasa y Zalamea.

El siguiente tramo corresponde a las poblaciones entre 5.000 y 10.000 habitantes que en este mismo periodo hayan crecido por debajo de los indicadores andaluces, una definición en la que encajan Aracena, Bonares, Rociana y Trigueros.

Se quedan como estaban, con el techo de crecimiento del 30%, la capital onubense y todos los municipios de la Costa, a los que se sumen excepciones de otras comarcas, como Bollullos, Gibraleón, San Juan, la Palma del Condado, Puerto Moral y Valverde.

Otra consecuencia destacable de este decreto de la Junta -con importantes perspectivas para la provincia de Huelva- es la exclusión de los suelos industriales del límite del 40% de crecimiento máximo de territorio urbanizado para cada municipio, una barrera que marcaba el Plan de Ordenación para el horizonte de los próximos ocho años.